DOS FACTORES QUE INFECTAN DE NULIDAD EL PROCESO: 1) Falta de representatividad legal de Venezuela como parte demandada 2) Evidencias de que Nicolás Maduro Moros y el gobierno de Guyana están simulado esa confrontación judicial para revestir de legalidad el despojo territorial del caso.
El proceso que se lleva por ante la Corte Internacional de Justicia constituye una ofensa a dicho organismo y a la ley internacional que la rige, pues en este caso se le utiliza para simular legalidad a un despojo que ejecuta el gobierno guyanés concernido con transnacionales del petróleo y con las dictaduras que oprimen a Cuba y a Venezuela. Las evidencias abundan y obliga al organismo a considerarlo incluso de oficio.
Desde que en Venezuela se instauró el gobierno socialista de Chávez se adoptó la línea de la dictadura cubana de apoyar el despojo territorial que contra Venezuela se viene tratando de legalizar desde el Laudo de París de 1899, propósito que fue resistido por distintos gobiernos venezolanos hasta el año 2000 cuando Hugo Chávez acogió la línea en contrario dictada por Fidel Castro.
Como se sabe el principal instrumento para el citado despojo territorial fue el mencionado Laudo que cuando se reveló su verdadera naturaleza fraudulenta se suspendieron sus efectos conforme lo acordado en el denominado Acuerdo de Ginebra que estuvo dando tumbos mientras las partes trataban de encontrar un modo que reemplazara al citado Laudo, que como no se conseguía, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres hizo judicializar el caso entregándolo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que por ello le dio curso al litigio Guyana-vs-Venezuela.
En la voluntad de Chávez que luego ha continuado Maduro -de lo cual numerosas evidencias públicas existen- no ha estado la recuperación del territorio en disputa sino todo lo contrario, permitieron su ocupación de hecho, esto en función de la línea que a tales efectos trazó Fidel Castro desde que el socialista Forbes Burnham manejó el poder en Guyana.
En la CIJ estamos ante el escenario de un juicio amañado, no por el tribunal, sino por las partes demandante (Guyana) y demandada (Venezuela) quienes allí escenifican una simulación de confrontación lo cual es mas que evidente por todos los antecedentes de las íntimas y ancestrales relaciones políticas, por como se ha venido desarrollando el caso hasta ahora de parte del gobierno de Maduro que desde un principio allí ha rechazado ejercer defensa con lo cual lo encamina a una sentencia favorable a la demandante Guyana que es su objetivo real.
DECLARACIONES DE NICOLÁS MADURO COMO CANCILLER DE CHÁVEZ: “El Acuerdo de Ginebra fue entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela como parte de una campaña de preparación psicológica, a través del desprecio, del racismo para invadir Guyana” Así exteriorizó la posición oficial del gobierno que fue apoyar la pretensión de Guyana del restablecimiento del Laudo de París. VER: https://www.youtube.com/watch?v=LVIj6h2Vtto
DECLARACIONES DE HUGO CHÁVEZ en rueda de prensa conjunta con el presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en Georgetown: “Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana, primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes (…) como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la comisión binacional de alto nivel y buscarle viabilidad”.
Ahora para disfrazar esa postura se simula este juicio ante la CIJ, incluso se prepara un escenario de guerra que además ha de utilizar para otros fines políticos a lo interno dirigidos a boicotear el evento electoral que debería realizarse el próximo año 2024. Por tanto estamos ante un proceso viciado de nulidad absoluta pues no es real.
ADEMÁS DEL VICIO DE SIMULACIÓN QUE OBLIGA A LA NULIDAD DEL PROCESO, TENEMOS LA ILEGITIMIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA. Todo lo anterior es clara evidencia de que el juicio en cuestión no es mas que una simulación y para colmo, quien funge como representante de la parte demandada, vale decir, del gobierno de Nicolás Maduro no tiene la legitimidad representativa necesaria, lo que procesalmente se denomina “falta de cualidad e interés en el proceso y sus resultas”.
Un gobierno ilegítimo, usurpador, como lo es el de Nicolás Maduro, no es una representación legal del Estado en ese proceso judicial, y en tal caso la sentencia que allí se dicte siempre será cuestionable como nula. Eso es un riesgo para la firmeza del fallo que en este caso se llegase a emitir como ya ocurrió con el Laudo de París y como en este caso ocurrirá con el consecuente daño a la credibilidad del sistema de justicia internacional que ha sido asignado a la CIJ.
Hay quien sostiene que debido a que la ONU reconoce a Maduro como presidente la CIJ sigue esa línea, respondo que la ONU es un órgano político mientras que la CIJ es un órgano judicial que como tal tiene el deber, la obligación fundamental de resolver previamente el tema de derecho sobre la legitimidad de quien invocando personería jurídica se aduce como representante del país demandante o demandado, pues en tal caso se trata del interés superior de la justicia el cual está sobre el de la política, ese interés requiere que sus fallos sean incuestionables, tanto que por ejemplo la Corte podría determinar que Nicolás Maduro no ostenta legalmente el cargo de presidente de Venezuela y la ONU así tendría que acatarlo, y de todas maneras, por ejemplo, si se formulase dicho planteamiento por medio de un Amicus curiae de la Asamblea Nacional de 2015 que así debería hacerlo, o de la Secretaría General de la OEA, por ejemplo, la Corte estaría en la obligación de abrir una incidencia previa para el debate correspondiente.
EVIDENCIAS DE LA SIMULACIÓN: Repetimos la antes señalada declaración de Nicolás Maduro en Georgetown cuando ejercía el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Hugo Chávez: “El Acuerdo de Ginebra fue entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela como parte de una campaña de preparación psicológica, a través del desprecio, del racismo para invadir Guyana” (Maduro en 2013 en visita a Guyana)
La Corte Internacional de Justicia tiene la misión de juzgar y resolver controversias entre los Estados Parte. Esta definición implica que ante ella solo pueden ocurrir las personas jurídicas reconocidas como “Estados” y además que sean parte del ente madre que es la ONU. Luego, esta primera definición implica que la primera atribución de ese tribunal consiste en la obligación de examinar esa cualidad que se invoque para activar el mecanismo del Estatuto de la Corte y su Reglamento, actividad que se debe realizar en todo caso, y mas aún cuando, como es el tema venezolano, hay tantos y fundados reclamos y denuncias al respecto.
Ahora bien, como Estado se entiende una organización jurídica conformada por un territorio geográficamente delimitado, dentro del cual convive una población representada por instituciones regidas por su derecho interno y que como tal ejerce soberanía, es decir, exclusividad en el ejercicio del poder de representación. Aquí cabe la interrogante sobre el reconocimiento de tal representatividad a quien la usurpe, a quien lo detenta con violación a sus propias normas de derecho interno como es el caso actual de Venezuela.
LA LEGITIMIDAD DE GOBIERNO DE MADURO. La citada representatividad respecto a nuestro país se encuentra en tela de juicio puesto que quien la está ejerciendo -Nicolás Maduro Moros- la ha usurpado como ha sido denunciado tanto a lo interno como en el plano internacional donde cerca de 60 países lo llegaron a hacer. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA) no se lo reconoce al igual que algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, situación precisamente derivada de hechos que demuestran la usurpación en esa representatividad que detenta gracias a groseras violaciones al derecho interno, así como tambien tenemos el cuestionamiento que le hace y mantiene el Parlamento Europeo, situación que mantiene al país en crispación e inestabilidad política que trasciende fronteras y es motivo de escándalo mundial, tanto que él mismo (Maduro Moros) y gran parte de su equipo están siendo juzgados ante la Corte Penal Internacional por denuncia formalizada por 6 Estados Parte del Estatuto de Roma debido a reiterados ataques a la población, ataques que van desde el empobrecimiento por saqueo de sus recursos públicos hasta una represión con sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha producido un terrible saldo de asesinatos, torturas y que mantiene a cientos de ciudadanos torturados y confinados en las cárceles sin observancia de las reglas del derecho interno, ni del derecho penal internacional, esto además de la migración mas grande (8 millones de personas) que hay en los tiempos actuales en todo el mundo.
LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA. En Venezuela no hay un poder judicial legítimo, toda su estructura ha sido tomada por personas sin respeto a las reglas de idoneidad, de probidad, de independencia, solo por designaciones arbitrarias de quienes ejercen el poder. En cuanto al poder legislativo, el último legítimo el del año 2015 fue brutamente atacado y sus integrantes han tenido que ponerse a salvo huyendo hacia el exterior mientras a lo interno se le suplió mediante un organismo para funciones legislativas que el gobierno formó titulado asamblea constituyente que años después de estar emitiendo leyes fue disuelto por ellos mismo para dar paso a otra simulada Asamblea Nacional para dar la apariencia del órgano legislativo.
Además de todo lo anterior hay claras evidencias de que el gobierno de Nicolás Maduro Moros está concernido con el de Guyana para mediante ese proceso judicial que se lleva por ante la Corte Internacional de Justicia para legalizarle a esa parte demandante el despojo territorial que se viene ejecutando contra Venezuela desde 1899 con el fraudulento Laudo de París. Es decir, lo que estamos presenciando es un proceso simulado en el cual las supuestas partes contendientes están coludidas para un fin común de despojo territorial y para lo cual están utilizando a la Corte Internacional de Justicia en burla de majestad institucional, de sus funciones.
Evidencias de la colusión entre el gobierno de Guyana y el de Maduro Moros son numerosas y significativamente demostrativas. Están las declaraciones de quien ejerciera la presidencia de Venezuela desde el año 1999, Hugo Chávez Frías durante visita que realizó a Georgetown el 20 de febrero de 2004: “El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”https://venemil.forosactivos.net/t1242p25-el-esequibo-es-nuestroesto
Declaraciones concordantes con la línea determinada por el dictador de Cuba, Fidel Castro quien sin recato alguno públicamente declaró su apoyo a Guyana en este diferendo territorial, línea que se ha mantenido en manos de su sucesor Raúl Castro y ahora de Díaz Canel, y como es del conocimiento público estos personajes vienen ejerciendo el verdadero poder de disposición de todo cuanto a Venezuela se refiere.
En resumen, el juicio que cursa por ante la CIJ, Guyana -vs- Venezuela está afectado de nulidad desde su inicio tanto por simulación procesal como por ilegitimidad de quien ha sido llamado a asumir la representación de la parte demandada.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL
¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?
Únete a nuestro canal de Telegram
https://t.me/titularesec
O a nuestro grupo de whatsapp
https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b
Con gusto te los enviaremos
