Aquí estamos, recién recordando el 23 de enero de hace 67 años. Una fecha memorable en la que se le dio el empujón final a la penúltima dictadura que hubo en Venezuela. Allá en 1958, cuando la libertad parecía infinita, el futuro del país se perdía de vista y la democracia estaba a la vuelta de la esquina. Con un liderazgo político sólido, comprometido, muchas horas de vuelo y una visión de progreso y libertad que era compartida por la inmensa mayoría de la sociedad. Y así vendrían años de crecimiento, de oportunidades y de desarrollo. Más tarde, a partir de alguna fecha que nadie recuerda ni celebra, vendrían tiempos de cometer errores, de corrupción, de torpezas y de fracasos.
Como podría suceder -y sucede- en cualquier parte del mundo, a partir de finales de la década de los 70 los gobiernos democráticos no cumplieron con las expectativas y tomaron el camino de profundizar el rentismo sin tener los recursos. En lugar de fomentar un cambio de rumbo y una migración hacia esquemas económicos más sostenibles, se mantuvieron en la ruta cultural de la dependencia del Estado, el paternalismo y los pañitos calientes. Como resultado, las crisis económicas le quitaron al país buena parte de su riqueza y la calidad de vida de la gente se fue complicando, pero no fue solo un tema de gobierno. La sociedad tampoco puso su parte, más allá de cuestionar el sistema sin aportar iniciativas para reformarlo, de echarle la culpa a los políticos y comenzar a buscar un rey perfecto -de esos que no existen-: esa misma sociedad se opuso con fuerza al intento de cambio y modernización que se planteó a principios de los años 90 y que terminó con golpes militares y destituciones presidenciales.
Hoy, quien lo iba a pensar, nos hallamos en medio de otra dictadura, peor que la de Pérez Jiménez, más larga y más destructora. Mucho más larga y destructora. Los 40 años de democracia que comenzaron con tanto entusiasmo y progreso no aguantaron la prueba de la caída en los precios del petróleo, el aumento de la población y la realidad de que el estado paternalista no daba para más. La ilusión democrática, que tuvo su punto más alto alrededor de la década de los 60, con todo y las guerrillas de izquierda que buscaban imponer su monarquía socialista –pero que nunca tuvieron el apoyo del soberano-, se fue disolviendo con el tiempo y con la resistencia de la gente a cambiar el software de la dependencia del gobierno por la del ciudadano que participa, compite y aporta soluciones y riqueza. Se mantuvo el esquema del Estado grande que resuelve todo, a pesar de la gran verdad que se le atribuye a Thomas Jefferson, a finales del siglo XVIII: "Un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que quieres es lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes”. O, dicho de otra manera, gobiernos grandes resultan en ciudadanos pequeños.
Y así fue que el soberano eligió al chavismo, con sus antecedentes de golpismo, su esencia militar y su izquierdismo rechinante, para que gobernara a su antojo y, si era el caso, quitara del medio a esa democracia que, diría la gente, se había convertido en un estorbo y una máquina productora de políticos corruptos. Llegamos a hoy, seis décadas y media después de aquel 23 de enero en el que amanecimos en libertad, y el país está entrampado con un gobierno que acaba de dar un golpe de Estado a la vista de todo el mundo, que no respeta leyes y que tiene las armas a su servicio para eternizarse en el poder. Las armas que desobedecieron a Pérez Jiménez y lo forzaron a irse a donde su pana Trujillo; las armas que alguna vez juraron defender la Constitución y la democracia, ahora forman parte de una dictadura que sigue quitándole a la gente todo lo que tiene.
Nadie sabe cuál es la estrategia de la Plataforma Democrática –el gobierno electo- para cobrar la factura del 28 de julio pasado. De hecho, nadie tiene que saberla. Pero sí debe partir de una premisa fundamental: las dictaduras armadas no se caen. Hay que empujarlas.
