Iván Uzcátegui

Por los presuntos delitos de peculado doloso y agavillamiento fueron imputados Iván Uzcátegui, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y Ramón Bravo, director de comedores de esa casa de estudios.

En la audiencia, que culminó pasadas las 7:00 de la noche en el tribunal 11de control a cargo de la jueza María Eugenia Villanueva, el fiscal 13 del Ministerio Público, Aníbal Colmenares, imputó a Uzcátegui y Bravo por los mencionados delitos.

Uzcátegui y Bravo fueron detenidos a las 7:30 de la mañana de este martes por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que llegaron a sus respectivas residencias. Los trasladaron hasta la subdelegación Las Acacias, donde quedaron detenidos junto a delincuentes comunes, criticó Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo.

Ramón Bravo

Aure vinculó estas detenciones con las elecciones estudiantiles de la UC que se realizarán el 14 de este mes y para las cuales el gobernador Rafael Lacava tiene su candidata. La oposición también.

El 22 de octubre, Uzcátegui y Bravo fueron citados por el Cicpc en la delegación Plaza de Toros. Allí fueron recibidos por el director de ese cuerpo, comisario general José Domínguez. El tema habría sido supuestas irregularidades en el manejo de los comedores. Contra ellos fueron emitidas órdenes de captura, aunque en ese momento no hubo interrogatorio.

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El Consejo Universitario emitió un comunicado en el que vincula estas detenciones con las elecciones estudiantiles, una maniobra política que rechazan, porque están convencidos que su único fin es desmovilizar ese proceso.

En las imputaciones, los miembros del Consejo Universitario detectan la intención de amilanar, desacreditar y poner en tela de juicio la credibilidad de todo aquel que hable de equilibrio, pluralidad, de pensamiento libre y deconciencia.

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El CU de la Universidad de Carabobo atestiguó que estamos frenter a la bajeza de detener sin prueba, sin flagrancia y haciendo caso omiso al debido proceso. Esto lo suman al atropello a las libertades ciudadanas, al derecho a agruparse y al estrangulamiento presupuestario, de seguridad, servicios básicos y dotación del que ha sido víctima la UC.

ambién ven con preocupación el cuestionable comportamiento de jueces y fiscales encaminadas a oscurecer aún más la ya bastante vilipendiada justicia en el país.

En el documento aclaran que ni a Uscátegui ni a Bravo se les ha comprobado delito alguno. “En los últimos días hemos comprobado como se hacen y deshacen expedientes, porque se trata de un tema político, no jurídico.”

 




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