Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
2007 es un pasado que se añora. Fue solo hace 10 años y todo cambió en la planta de General Motors Venezolana (GMV) instalada en la Zona Industrial Sur II de Valencia. 79 mil 196 unidades se ensamblaron en esa oportunidad en la empresa líder del sector en el país. Pero los últimos 18 meses las máquinas se mantuvieron apagadas. Ni un vehículo ha salido de las líneas de producción por falta de materia prima en una crisis que tiene a la firma al borde de la quiebra. Solo la venta de repuestos le da fluidez de caja para al menos mantener los puestos de trabajo que están en suspensión laboral.
El personal no está contento en sus casas percibiendo salario básico. Ellos quieren volver a la planta. Pero sin materia prima eso no es posible. El Gobierno no liquida divisas para la compra de las piezas en el exterior desde agosto de 2014 y la deuda a proveedores internacionales de la industria asciende los 20 millones de dólares.
En 2015 la empresa aún era líder en el mercado nacional. Logró ensamblar cinco mil 52 unidades, el pico máximo ese año entre todas las firmas de la industria en el país. Aún así, el número era negativo. Representó apenas 11,43% de su capacidad instalada. Pero en 2016 la crisis se escribió en mayúsculas en la historia de la fabricante de vehículos más grande de Venezuela: Cero. Ese fue el registro del último año. Durante lo que va de 2017 la cifra se repite.
En el supuesto de una liquidación de divisas para la importación de material de ensamblaje solo podría hacerse hasta este año. Las líneas de GMV no están aptas para la fabricación de los modelos nuevos. Se requiere 80 millones de dólares para su adecuación con los que la empresa, quebrada económicamente, no cuenta.
La apuesta es hacia la postventa. A eso se dedica ahora la firma en el país. La inversión se hace directamente de los concesionarios que son los que aportan los recursos para que lleguen a Puerto Cabello alrededor de 84 mil repuestos al mes. Erick Navas secretario de organización de Sintrageneral está en contra de esa política. “El patrono con la venta de esta mercancía debería cancelar los beneficios que nos adeudan, pues con los nueve mil bolívares que ganamos semanalmente que al final se reducen a cinco mil por las deducciones, no nos alcanza para nada”. Navas comentó que tampoco se ha agilizado en la discusión del contrato colectivo, documento que se encuentra paralizado.
