La prisión en Venezuela es una condena a muerte lenta, aseveró en una carta abierta Lorent Saleh, quien permanece recluido desde hace un poco más de tres años, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como «El Helicoide».
Saleh expuso en el escrito los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos políticos en el país, los cuales pasan por negarles la atención médica oportuna, la tortura psicológica y física. «Un ejemplo de lo que digo es mi amigo Juan Miguel De Sousa, con quien compartí más de dos años en La Tumba y también en El Helicoide quien, al ser omitidas sus solicitudes de traslado a un centro asistencial, padece un cáncer de pronósticos irreversibles»
Hechos como el de De Sousa no son aislados. En meses anteriores, el concejal Carlos García murió en la prisión al impedirle el acceso a un adecuado tratamiento médico, al igual que Rodolfo González, alias «el Aviador», quien se quitó la vida tras sufrir trastornos psicológicos, productos de la tortura de la que era víctima, señaló el preso político.
Los prisioneros de conciencia también enfrentan las malas condiciones de infraestructura de los recintos carcelarios que no cumplen con los estándares mínimos internacionales en cuanto a salubridad se refiere, prosiguió el presidente de Operación Libertad. La mayoría de esos lugar presenta hacinamiento, que produce enfermedades respiratorias, insomnio, anemia, entre otras patologías.
A juicio del activista político, estas situaciones obedecen a que Nicolás Maduro utiliza un sistema represivo para atemorizar a la población y mantener el poder, pese al alto rechazo que posee su gobierno.
Saleh es consciente de que sus declaraciones pueden generar más represalias en su contra, pero está dispuesto a asumir las consecuencias. «La verdad es que la mayoría de los detenidos son invisibilizados y tienen miedo de decir lo que sucede. Es por ello que asumiré el riesgo y esperaré en mi celda como siempre, el llamado de atención».
A CONTINUACIÓN LA CARTA ENVIADA POR LORENT SALEH
La negación de atención médica a los presos políticos en Venezuela es un mecanismo sistemático de castigo y tortura
Los derechos humanos son herramientas con las que contamos para asegurar nuestra dignidad humana. Fueron declarados y consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, convirtiéndose así en uno de los grandes legados de la sociedad moderna.
Uno de los derechos más fundamentales es el derecho a la salud, que en Venezuela se encuentra también consagrado en los artículos 83 y 84 de nuestra Constitución. Este derecho es, quizás, uno de los más vulnerados deliberadamente por el Estado venezolano, algo verdaderamente triste y vergonzoso. Hoy en día la sociedad venezolana, en términos generales, no tiene acceso a un sistema de salud porque éste está totalmente destruido gracias a las malas políticas gubernamentales. Esto sucede aun sin importar que nuestra Constitución dicta que es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso gratuito y de calidad a centros de salud.
Este pudiera ser un tema extenso y de especial consideración, pero no es el punto que quisiera abordar en esta carta. Hay algo mucho más preocupante, y es la negación sistemática de la debida asistencia médica como mecanismo de castigo y tortura a aquellas personas privadas ilegítimamente de libertad por el solo hecho de disentir del gobierno.
En Venezuela, quien se atreve a protestar o a denunciar las injusticias es automáticamente detenido, encarcelado, y en muchos casos torturado, golpeado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto se hace con el objetivo de reducir al individuo, de quebrar su espíritu y su voluntad pisoteando su dignidad humana.
Una vez detenidos, los presos políticos enfrentamos el hecho de que los centros de reclusión no cuentan con los estándares mínimos universales en materia de infraestructura, y mucho menos en materia sanitaria. En la mayoría de estos lugaressufrimos por el hacinamiento y deterioro de las instalaciones, que producen enfermedades respiratorias, infecciones, enfermedades en la piel y en articulaciones,trastornos psicológicos, insomnio, mala nutrición, anemia, entre otras. Estas condicionesse unen a la constante amenaza física y psicológica de parte de los funcionarios de seguridad hacia nosotros y nuestras familias, y a lazozobra e incertidumbre de estar sometidos a procesos judiciales completamente irregulares que sólo prolongan indefinidamente nuestra estadía en un cautiverio inmerecido, que soportamos día a día sin haber cometido delito alguno.
Estas condiciones son creadas deliberadamente por el sistema represivo para atemorizar a la población, y de esta manera sostener a un gobierno que tiene un alto rechazo en la colectividad. Es por ello que niegan el acceso a organismos de derechos humanos, a Diputados de la Asamblea Nacional, y a los propios fiscales del Ministerio Público.
Ya deteriorada la salud del detenido, la asistencia médica que se le debiera ofrecer es utilizada como mecanismo de chantaje, extorsión y tortura. Actualmente somos muchos los presos políticos que padecemos delicados cuadros de salud y a quienes nos niegan el acceso a la asistencia médica, bien sea a través del sistema judicial, cuando los jueces en los tribunales no se pronuncian ni ordenan nuestro traslado a un centro de salud pese a las numerosas solicitudes realizadas por nuestros abogados, o a través de los distintos organismos de seguridad encargados de nuestra custodia, que no cumplen con nuestros traslados a centros de salud en los casos que han sido ordenados. Más allá de neutralizarnos, nuestra prisión es una condena a una muerte lenta. Es lamentable que recientemente el caso de enfermedad del Concejal Carlos García terminara con su muerte, pero este no es un hecho aislado, ni es el único.
Como ejemplo no puedo dejar de hacer mención al caso de mi amigo Juan Miguel de Sousa, con quien compartí más de 2 años en «La Tumba» y en El Helicoide, a quien por hacer caso omiso de las reiteradas solicitudes de traslado a un centro de salud y por las sistemáticas torturas y tratos crueles a los que fue sometido, hoy en día padece un penoso cáncer de pronósticos irreversibles. Hay otro caso que tampoco podemos olvidar, que es el de Rodolfo González, alias «El Aviador», quien acabó con su vida en los calabozos de El Helicoide después de haber sido sometido a una tortura psicológica que fue deteriorando su salud mental y alterando su sistema nervioso.
Todo esto es bien conocido por la Doctora Luisa Ortega Díaz en su gestión como Fiscal General, y por el Doctor Tarek William Saab en su gestión como Defensor del Pueblo. El gobierno acogió el terrorismo como mecanismo de control social, y en ello se perfecciona bajo la mirada, a veces cómplice, de la comunidad internacional.
Estoy bien consciente de que realizar estas denuncias siempre ha traído consigo represalias en mi contra, esa es precisamente la respuesta a la pregunta que muchas personas se hacen de por qué ha habido tanto ensañamiento en mi contra. Aun así, acepto y asumo las consecuencias, porque la verdad es que la mayoría de los detenidos son invisibilizados y tienen mucho miedo de decir lo que sucede. Es por eso que asumiré el riesgo y esperaré en mi celda, como siempre, «el llamado de atención».
A la comunidad internacional quiero pedirle, luego de que en días recientes hayan quedado en absoluta evidencia las graves violaciones a los derechos humanos gracias a las denuncias realizadas por diversas ONG’s en los distintos organismos internacionales, que su llamado deber ser, de manera franca y genuina, a quienes forman parte del gobierno venezolano y a quienes ustedes, como muy pocos, tienen acceso. La resolución de la crisis venezolana es urgente, ya que mientras más se dilata, aumentan las víctimas fatales y se hacen más profundas las heridas en el tejido social venezolano. Esta situación de vulneración sostenida de los derechos básicos de los venezolanos es responsabilidad exclusiva de quienes conforman el gobierno; que si bien en algún momento desearon impulsar un cambio en el país, hoy en día son los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben y nadie jamás podrá justificar.
A quienes ocupan el poder en Venezuela, los exhorto a que reflexionen y hagan un alto por el bien de todos; están a tiempo de recapacitar. Es cierto que debe haber justicia por los crímenes que hoy se cometen y que no prescriben, pero aun siendo personalmente víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, he logrado sobreponerme sin dar espacio a odios o rencores; por el contrario, me siento en la capacidad de perdonar a los responsables. Sé que igualmente la mayoría de los venezolanos, incluso los más agraviados, estarían dispuestos a perdonar al ver un sincero y genuino acto de recapacitación de su parte que nos lleve a una resolución pacífica de la crisis.
Lorent Saleh, desde la prisión política del SEBIN – Helicoide. Septiembre de 2017.
