Cabo primero Arube Pérez Salazar, condenado a 17 años y 11 meses de prisión por los sucesos de Puente Llaguno. (Foto cortesía)
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Yamile Hernández, esposa del cabo primero Arube Pérez, sentenciado a 17 años y 10 meses de prisión por dos de las 19 muertes del 11 de abril de 2002 en Caracas, entiende a los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos en puente Llaguno.

Dice que fueron engañados y manipulados. Solo lograron que un grupo de hombres fuera condenado por delitos que no cometieron. Lo demostraron los testigos y los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. “En sus conciencias queda lo que un día comenzó como un proceso presuntamente justo, y terminó con una condena abominable, injusta, dictada tras el juicio más largo de la historia”.

Hernández recordó a la jueza primera de Juicio que ella es la encargada de cumplir y hacer cumplir Las leyes. “La dignidad no se vende ni se compra, que es mejor estar en paz con Dios, que tener pactos con el Diablo. Hoy les tocó administrar justicia, mañana les tocará enfrentar la justicia de Dios y él se encargará de sentenciar a quien no hizo un buen trabajo, por lo menos justo”.

Junto a mi hija, he acompañado a mi esposo en una dura e incomprensible travesía. Hemos celebrado cumpleaños, graduaciones, la primera comunión y todos los fines de semana en Ramo Verde. Ya no hay días de playa o de parques, ni siquiera un compartir en casa con la familia completa. Cada fin de semana nos dedicamos a visitar a mi esposo, a acompañarlo, a apoyarlo, a estudiar con él para los exámenes, para la exposiciones.

La pregunta que Yamile se hace cada día es cuándo se esposo estará con ellas en su casa. “Yo he tenido que asumir todo este tiempo el rol de padre y madre, abandoné mis estudios  para mantener nuestra casa y a mi esposo en su encierro”.

Yamile se pregunta: ¿Cuándo estará con nosotras en casa?”. Ella desconoce el ámbito jurídico, pero en todo este tiempo ha visto el desarrollo de un proceso aberrante, cómo se violan los derechos de Arube Pérez, pese a que el Código Penal y la Constitución se los garantizan.

Junto a las esposas de los otros policías metropolitanos, es asidua visitante del Tribunal 1 de Ejecución del estado Aragua. Han hecho un sinfín de diligencias, escritos, reuniones en Fiscalía, Defensoría del Pueblo, pero nunca obtienen respuesta. “Recuerdo en diciembre del 2015, encontrándonos en Los tribunales de Aragua a la espera de que la juez le otorgara la libertad a nuestros familiares, nos hicieron pasar a su despacho, donde ella señaló un armario e indicó: Ahí está todo el expediente, si fuera por mi desde hace tiempo hubiese otorgado los beneficios que les corresponden, pero deben entender que no puedo hacer nada hasta recibir instrucciones”.

En ese momento, Yamile ratificó que su esposo y sus compañeros Luis Molina, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Marcos Hurtado son presos políticos. “Hoy con el corazón en la mano, junto a mi hija, pido a quienes tienen el poder de cumplir y hacer cumplir las leyes, que ya terminen con esta aberración. Si es cierto que son garantes de los Derechos Humanos, cumplan con las leyes y terminen con este injusto encarcelamiento. Mi esposo ya cumplió, por horas de estudio y trabajo, la pena que le impusieron. Denle la libertad y otorguen también las medidas alternativas al cumplimiento de la pena a Marcos Hurtado, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Enrique Molina, que están también en el tiempo reglamentario.

Hernández está convencida de que la jueza Primera de Juicio del estado Aragua tiene todos los elementos a la mano para otorgarles la libertad que les conceden las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, según el Código Orgánico Procesal Penal. “Es triste que solo espere por instrucciones para hacer cumplir la Ley”.

Arube Jose Perez Salazar ingresó a la Policía Metropolitana el 16 de diciembre de 1990. Su propósito era hacer cumplir las leyes, así como cuidar la vida y los bienes de las personas. Así lo juró, era su compromiso. Pero el 21 de abril de 2003 todo cambió para él y siete compañeros más, quienes confiados se presentaron a sus comandos. No tenían nada que temer. Los acusaban por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril. Sabiéndose inocentes, todos se entregaron. Aún confiaban en la justicia venezolana, recordó su esposa.

Esa confianza se perdió. Enfrentaron el juicio más largo de la historia, el más plagado de irregularidades, de manipulaciones de pruebas, experticias, de presiones a testigos, todo con un único fin: culpar a un grupo de hombres no por hacer, sino por ser. “Son parte de un guión armado por el gobierno para tener a unos responsables de la muerte de los chavistas, las únicas investigadas”.

Yamile cuenta que Pérez sabe que ese día murió gran cantidad de personas, de ambos bandos, muchas terminaron heridas. Pero él fue acusado por dos muertes, a pesar de que se comprobó que su arma no tuvo nada que ver con esos casos. Sin embargo, fue sentenciado a 17 años y 10 meses de prisión. Ya ha cumplido 13 años y 9 meses y aunque le corresponden medidas sustitutivas de libertad, como confinamiento, libertad condicional, sigue preso

Arube Pérez, según cuenta su esposa, está convencido de que algún día se sabrá qué fue lo que pasó el 11 de Abril. Lo sabrán los familiares de los muertos y los suyos también, que son tan víctimas como los que perdieron a un ser querido. “De lo que sí está seguro es de que él y sus compañeros Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina, Marcos Hurtado, Iván Simonovis, Julio Rodríguez, Lázaro Forero y Henry Vivas, son inocentes”, insiste Yamile Hernández.

El ex funcionario de la Policía Metropolitana sabe también que a este gobierno no le gusta que se diga que en el país hay presos políticos, pero su esposa se pregunta: “¿Cómo lo definen a él? No fue culpable de ninguna muerte, pero ya lleva casi 14 años preso. Desde el inicio, este caso estuvo vinculado a un tema político, a la necesidad de acusar a alguien. Cómo se explica que hayan radicado el caso en Maracay, si ellos estaban en Caracas, ¿cómo se explica que hayan cambiado a un juez ajustado a derecho, que no aceptó la acusación formal del Ministerio Público por carecer de fundamentos jurídicos?. Se refiere Yamile Hernández al caso del juez Doménico Di Gregorio, quien por actuar en base a la legalidad fue destituido y perseguido.

El gobierno manipuló a los nuevos jueces y les ordenó que dictaran sentencia a como diera lugar. “Eladio Aponte Aponte, quien los convirtió en los primeros presos políticos de este régimen, dictó una aberrante sentencia por la que después les pidió disculpas, porque él sabía que eran inocentes”. Hoy el tribunal Primero de Ejecución está acéfalo. Las dos últimas jueces nombradas en sustitución de Ada Marina Armas, enviada en comisión de servicio a Carabobo, están de reposo. El circuito judicial penal de Aragua tampoco tiene presidente. Es una situación absurda de denegación de justicia

Yamile Hernández se pregunta: ¿Quién ganó con estas detenciones?. Y se responde: el gobierno, porque fue la única manera de justificar el vacío de poder. Los muertos y sus familiares no han recibido justicia. Nosotros tampoco. Es hora de que la juez que sea designada en el caso para sustitutir a Ada Marina Armas cumpla con su deber. Que actúe por conciencia y por respeto a su condición de jueza. Que no olvide que de la justicia divina no escapa nadie.




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