Una parcialidad sospechosa tienen los magistrados. Así lo ve la fiscal Luisa Ortega Díaz, pero lo más grave, además de que no tienen legitimidad, es la descomposición del poder judicial,
Entrevistada por el periodista Nelson Bocaranda en su programa radial a través de Exitos, Ortega Díaz lamentó la muerte del Estado de derecho en Venezuela. «Si hubiese Estado de Derecho habría seguridad jurídica, respeto a lo que dice la Constitución y la ley, pero aquí eso se desmanteló, se vino abajo, estamos en un estado de terror. Aquí todo es una sorpresa, todo es como sacado de la manga»
Ortega Díaz aseguró que va a llegar hasta donde se lo permitan la Constitución y las leyes, pero advirtió al pueblo, a la sociedad, que esté muy alerta porque en Venezuela se produjo la muerte del Estado de Derecho, la pérdida de las instituciones y se está cerrando la última puerta a la democracia que queda en el país, que es el Ministerio Público.
La fiscal lo reiteró durante la entrevista. «Yo accioné contra ellos y, bochornosamente, declaran su propio sobreseimiento. Es una descomposición total del sistema judicial».
Al argumentar su solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados, reseñó que algunos de estos magistrados fueron señalados por la comisión de hechos punibles, algunos han sido condenados por delitos penales, aún así aparecen tomando decisiones «Ni siquiera tiene la responsabilidad de inhibirse. Yo solicité el antejuicio de mérito contra ellos, por eso cuando van a analizar mi antejuicio de mérito debieron inhibirse, pero por el contrario demostraron la descomposición total del Poder Judicial».
Ni firmó el acta ni asistió a reunión alguna para la escogencia de los magistrados del TSJ. Ella narró que el 10 de diciembre la convocaron a un encuentro, pero ese día al Consejo Moral no habían llegado los expedientes. La convocatoria a la reunión se hizo antes de que llegaran los expedientes, lo que ocurrió el 14 de diciembre a la 1:10 p.m. El 17 de diciembre, día de fiesta en que los trabajadores no estaban, pretendieron hacer la reunión. Nunca se me consultó y es imposible pensar que en dos o tres días se podía revisar la centena de expedientes. Nunca nos sentamos a evaluar cada uno de los que se podían considerar. «Pretenden distraer la atención acerca de un acta que no firmé y una reunión que no se dio».
Para Ortega Díaz esto es gravísimo. Frente a un procedimiento viciado de nulidad, sumado al hecho de que los aspirantes no cumplían los requisitos, es imposible no solicitar el antejuicio. «Por eso es que hay sentencias que adolecen de conocimiento jurídico, que destruyen al derecho y que propiciaron el rompimiento del hilo constitucional».
Para graficar la descomposición del Poder Judicial, Ortega habló de solicitud de privativa de Libertad contra el efectivo de la GNB, Daniel Medina Pérez, acusado de atropellar a un manifestante con una tanqueta en Caracas. La respuesta del tribunal, según la fiscal, fue que no acordarían la privativa de libertad porque la solicitud es violatoria de los derechos humanos de quien manejaba la tanqueta. «¿Y los derechos humanos del atropellado?»
La funcionaria criticó que emitieron órdenes de captura contra 23 guardias nacionales por la muerte de manifestantes, las cuales no han podido materializarse.
Una situación similar se produjo cuando la fiscalía solicitó la privativa de libertad de siete funcionarios, incluida la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, tras el hallazgo de 75 contenedores con medicamentos vencidos. «Tres meses después el tribunal no se ha pronunciado. El pueblo reclama justicia y solo la hay para los casos que constituyen amenaza a la estabilidad del oficialismo. Solo se persigue a la disidencia política».
¿Cuando descubrió esta situación la fiscal?, preguntó Bocaranda
-Desde hace mucho tiempo, yo vengo trabajando sobre esto.
En la sentencia de Leopoldo López, la fiscal no respondió si cambiaría algo. Solo dijo: «Hubo un debate oral y público. Se debatía la actitud del momento, pudo haber sido él como pudo haber sido otro».
Para ella, una demostración de impunidad es decir que fue el uso desproporcionado de la fuerza lo que ocurrió el 19 de junio en Caracas cuando murió Fabián Urbina. «Eso fue un homicidio». Lo sustenta en la autopsia realizada por la unidad criminalística del MP y en el hecho de que tienen suficientes elementos de convicción. «Por eso pedimos la privativa de libertad para el sargento 1° de la GNB Ramón Avila León y los sargentos segundos Yohan Rojas Díaz y Jesús Alberto Báez Rojas».
Luisa Ortega Díaz asegura tener estadísticas espeluznantes sobre la cantidad de fallecidos. Son 74. Mil 413 lesionados, de los cuales mil 138 son civiles y 275 funcionarios policiales y efectivos militares. Tres mil 971 personas han sido procesadas, 63 por derechos fundamentales, cifra que no incluye la jurisdicción militar. De ese total, 532 personas han sido privadas de libertad, convertidos en presos políticos.
A Pernalete lo mató una bomba lacrimógena, ratificó Ortega. A esa conclusión llegaron en base a videos, entrevistas a testigos y las investigaciones realizadas por el organismo. «El arroja algo a la GNB y luego se viene corriendo hacia atrás y en ese momento le dieron. Vimos la forma y el tamaño del círculo que tenía en el pecho y la franela, el mismo tamaño de la bomba lacrimógena. La franela tenía restos de lacrimógena en el sitio del impacto y no estaba en el resto de la franela. Hay una parte que aparece quemada y es exactamente del largo que tiene la bomba».
La fiscalía no pudo citar a los guardias como testigos. «Eso es imposible»
En el caso de Neomar Lander no adelantó opinión porque aún están en investigaciones.
La funcionaria criticó que no se permitan las manifestaciones pacíficas. «Si los ciudadanos quieren ir a la Fiscalía lo lógico es que se les deje ir, lo contrario es violar su derecho constitucional a la protesta». Está en contra de que las protestas se tornen violentas, pero pidió a los cuerpos de seguridad que individualicen las responsabilidades de quienes incurran en hechos delictivos, que hagan labores de inteligencia. Lamentablemente, según Ortega Díaz, se sanciona por igual a culpables e inocentes. Como ejemplo citó los casos de El Paraíso, El Cementerio y Los Verdes, donde se allanaron residencias de personas que no estaban vinculadas con las protestas.
Una crítica: Quienes violan los derechos humanos son los mismos que hacen las detenciones y que juzgan. «Me informaron que los defensores de los detenidos tienen que ser defensores militares».
Los presos con boleta de excarcelación son parte del desmantelamiento del estado de derecho que denuncia Ortega. Ahí si no hay desacato, ahí no hay incumplimiento, criticó. Estoy segura que el expediente que tiene la Corte Penal Internacional de la Haya sobre este gobierno es muy amplio, aquí hay muchas violaciones de derechos humanos, sentenció la fiscal.
El ataque a la fiscalía viene dado por la defensa que ha hecho de los Derechos Humanos, según la funcionaria. Hemos pedido que no se utilicen armas de fuego en las manifestaciones. No ahora, también me opuse a la resolución 8610 del año 2014, que permitía el uso de ese armamento para combatir las protestas.
Ocho funcionarios del Ministerio Público fueron robados durante una manifestación espontánea que hubo el martes en respaldo a Ortega Díaz. Todas las agresiones están grabadas por las cámaras del organismo y por periodistas. La fiscal reportó que este martes también hubo agresiones, durante una manifestación que fue a la institución a exigir la liberación de presos políticos. «La alcaldesa Patricia de Ceballos fue agredida por un grupo de mujeres que pedía que la quemaran».
Desde la fiscalía se ha llamado a los cuerpos de seguridad que deben resguardar la sede del organismo, pero no hay comunicación. No responden a las peticiones de los directores, pese a que se han registrado agresiones.
Según la funcionaria, Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana, pues no solo se están perdiendo los derechos constitucionales, sino también se corre el riesgo de perder la institución de la Fiscalía. Para ella, los cargos son circunstanciales, las instituciones son permanentes.
Está, sin embargo, dispuesta a llegar hasta donde la legalidad se lo permita. Actuará como una mujer de Estado, que tiene que asumir las consecuencias de sus actos, pero jamás atentar contra el pueblo.
Insiste en que la convocatoria a la Constituyente debe ser consultada al pueblo, antes y no después. Nuestros derechos no pueden ir hacia atrás, tienen que ir hacia adelante. El 90% o más va a decir que no quiere la Constituyente. ¿Porqué no le preguntan al pueblo que quiere?. Estoy segura que responderá alimentos, medicinas, seguridad.
Consultada sobre la invocación del artículo 350 para desconocer al gobierno, Ortega Díaz señaló que ese articulado está en la Constitución.
