Los hijos de Cristina Vargas no saben lo que es merendar en la mañana una porción de fruta o un vaso de avena por las tardes. Cuando les da hambre entre comidas saben que recibirán una arepa de maíz amarillo sin relleno y una taza de café negro clarito. Eso es lo único que tienen para darles en su casa ubicada al sur de Valencia.
Tienen uno y cuatro años de edad y muchas precariedades acumuladas. “Nosotros estamos en pobreza extrema”, expresó su madre. Ella lamenta no poder ofrecerles otra cosa, pero la situación económica de su familia es crítica.
Ni pan ni huevo puede darles. “Un huevo cuesta ya 500 mil bolívares y un pan está en un dólar y medio. Es imposible para mí comprarles eso que es de lo más básico en cualquier casa”.
Ellos viven en Altos de Mirandita, en la parroquia Miguel Peña de la capital carabobeña. Además de los niños tiene a su hermano con una discapacidad a cargo, y su esposo es el único que trabaja en ese hogar. Pero lo que gana no le alcanza para cubrir todas las necesidades de la familia.
Es vigilante y cobra 30 dólares quincenales. Aunque recibe un ingreso 3000 % por encima del salario mínimo nacional, que es el equivalente a menos de dos dólares al mes, no es suficiente para que dejen atrás la miseria, lo cual es un reflejo de la realidad económica del país que, de acuerdo a la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 79,3% de los venezolanos están sumergidos en pobreza extrema y 96,2% son pobres.
La magia del CLAP
Cristina no se queja de la regularidad con la llega a su comunidad la bolsa CLAP, pero sí de su contenido. Ella debe hacer magia para que esos alimentos le alcancen durante todo un mes.
Tres kilos de harina de maíz amarillo, que trata de rendir entre los desayunos y las meriendas, dos de arroz, un par de frijoles chinos y, en algunas oportunidades sardinas y una papeleta de 250 gramos de leche en polvo, es lo que trae ese combo mensual por el que deben pagan 10 millones de bolívares, más del salario mínimo.
Ellos no comen proteínas. “Nosotros ya no sabemos qué es eso. No comemos pollo, carne ni pescado. Lo que más comemos es frijol chino, y lo digo sin pena porque esa es nuestra realidad”. Y es la misma experiencia de quienes reciben ese subsidio en cada uno de los 403 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que hay en Carabobo.
Con esto queda expresa la violación al artículo 17 de la Constitución, que contempla los derechos económicos e indica que “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”. Además, también se vulnera el derecho a la alimentación consagrado en el artículo 305.
Labores sociales que sustituyen la responsabilidad del Estado
En Venezuela ya es normal que sean las fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y diferentes labores sociales las que sustituyan las responsabilidades del Estado, en medio de una profunda emergencia humanitaria compleja.
No en vano existen las que donan medicinas y gestionan recursos para cirugías, en reemplazo del sistema de salud pública, y otras que se dedican a compensar el déficit de alimentación en determinada zona.
En Trapichito, una comunidad que está muy cerca de Altos de Mirandita, donde vive Cristina con su familia, hay un comedor de Alimenta la Solidaridad. Ahí su hijo de cuatro años recibe un plato de comida y una porción de fruta al día.
“Es la única manera de que coma proteína. Le dan cochino, carne, pollo, todo lo que yo no le puedo dar en mi casa”. Ella va con él a diario con su envase de plástico y distribuye esa porción en dos para darle una parte a su hijo de un año.
Pero la alimentación no es la única deficiencia que enfrentan en estos sectores del sur de Valencia. Cristina no lleva a sus hijos a consultas de control de pediatría porque no cuenta con los recursos para pagar las consultas. “Y es que ni siquiera tengo para hacerle los exámenes que me piden de niño sano para poder inscribirlo en el kínder”.
Esos análisis de laboratorio cuestan 25 dólares, casi la quincena completa de su esposo. “Es imposible para nosotros darle la alimentación necesaria y ahora ni en el colegio podemos meterlo aunque sea público”.
Es así como, además de estar en las estadísticas de pobreza, el hijo de Cristina podría estar también en la del más de millón de niños que en Venezuela no van a la escuela, de acuerdo a los datos de la Unicef.
