Una corte de instrucción de El Salvador ordenó la detención provisional del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y un grupo de exdiputados de la Asamblea Legislativa por supuestamente encubrir a los autores de la masacre de mil campesinos en El Mozote en 1981, durante la guerra civil (1980-1992).
La jueza Mirtala Portillo, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera y señalada de «opacidad» en el proceso, emitió la orden por el delito de «encubrimiento personal» de los militares procesados y declaró este delito como de lesa humanidad.
De acuerdo con el medio gubernamental Diario El Salvador (DES), Portillo decretó la detención provisional contra Cristiani y la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por supuestamente ayudar a evadir la Justicia con la promulgación de una ley de amnistía.
«Dicho instrumento jurídico se emitió con la aquiescencia del imputado Alfredo Félix Cristlani Burkard, quien fungía como presidente de la República, quien sancionó y ordenó su publicación para convertir la misma en un instrumento de carácter obligatorio», raza parte de la resolución, de acuerdo con DES.
El documento indica que dicha ley hizo «imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas mediante una sentencia ejemplarizante».
El resto de señalados son Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, Alfredo, René Flores Aquino, Reynaldo Quintanilla Prado y Ernesto Taufik Kury Aspridis. Se menciona también a los fallecidos Ciro Cruz Zepeda Peña y Mercedes Gloria Salguero Gross.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley de amnistía, que impidió por dos décadas procesar a los mandos militares señalados de dirigir la masacre. En ese mismo año se reabrió el proceso.
Denuncian opacidad
En una reciente entrevista con EFE, el abogado querellante David Morales dijo que la jueza gestionaba el proceso con «opacidad».
«La gestión de la nueva señora jueza a cargo del caso ha sido una gestión que se ha caracterizado por la opacidad, y por la realización de una serie de diligencias que están violentando el debido proceso«, afirmó Morales.
Portillo asumió el caso tras la destitución del juez Jorge Guzmán a raíz de un polémico decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que retiró en 2021 a los juzgadores mayores de 60 años o con 30 años de carrera.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.
Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.
