Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, joven de 19 años, fue detenida por cuerpos de seguridad del régimen venezolano. Según los reportes iniciales, la joven habría sido privada de libertad sin información clara sobre su paradero ni cargos formales, lo que incrementa las alertas sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
La detención arbitraria se suma a la de su hermana, Samantha Hernández, de 16 años, ocurrida dos días antes bajo circunstancias similares.
Ambas jóvenes son familiares del primer teniente Hernández Castillo, actualmente en el exilio, y sobrinas de Henry Castillo, desaparecido desde el 24 de enero. Organizaciones y personas cercanas al caso han señalado que estos hechos podrían estar vinculados con un patrón de detención arbitraria dirigido a presionar o intimidar a familiares de personas perseguidas políticamente.
Las denuncias también apuntan a que estas acciones responden a prácticas asociadas a la Sippenhaft, una forma de castigo colectivo históricamente relacionada con regímenes autoritarios. En este contexto, la detención arbitraria de las hermanas Hernández Castillo es presentada como parte de un esquema más amplio que afecta a familiares de perseguidos políticos.
Denuncias crecientes por detención arbitraria a familiares de perseguidos
Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciaron que este tipo de represalias representan una presunta violación del derecho internacional y vulnera garantías fundamentales establecidas en diversos instrumentos legales.
Las denuncias subrayan que esta situación forma parte de un patrón de persecución familiar, en el que la detención arbitraria de personas sin relación con actividades políticas es utilizada como herramienta de intimidación. La práctica, asociada a castigos colectivos, afecta directamente a la integridad y libertad de individuos que no han sido formalmente imputados.
Un Mundo Sin Mordaza exigió la liberación de Aranza y Samantha Hernández, señalando que la detención arbitraria de ambas jóvenes vulnera sus derechos básicos y requiere atención urgente por parte de instancias competentes. La agrupación también solicitó garantías para su integridad física mientras se aclare su situación.
Diversos sectores han reiterado que la persecución familiar contraviene normas internacionales y debe ser abordada con mecanismos de protección adecuados.
Los reportes sostienen que la detención arbitraria de ciudadanos con fines de presión constituye un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y el debido proceso. La situación de las hermanas Hernández Castillo se ha convertido en un nuevo caso citado por organizaciones que monitorean este tipo de prácticas.
