Para el profesor universitario Iván Pérez Rueda, la entrega de un millón de hectáreas de terreno al gobierno de Irán, por parte de Venezuela, sería un asunto de nulidad absoluta, por cuanto se trata de un acto inconstitucional.
Pérez Rueda habló sobre el tema en el programa Lo de Hoy, que conduce Dhameliz Díaz en Unión Radio, donde expresó que la Constitución expresamente prohíbe este tipo de cosas, en su artículo 13.
El artículo establece que “El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz.
No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.
Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley.
En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra”.
El abogado manifestó que si bien es cierto, la información sobre el particular la dio a medios internacionales el ministro para Asuntos Económico de Irán, y fue ratificada por el presidente de ese país, a la fecha ningún vocero del gobierno nacional la ha desmentido.
Refirió que de esto suceder, el contrato seria nulo de nulidad absoluta, por su condición de inconstitucionalidad.
Pérez Rueda dijo que está en juego un millón de hectáreas de suelo venezolano, que implica 10 mil kilómetros cuadrados, lo cual es una porción bastante importante. Sin embargo a la fecha, directivos de las distintas fracciones parlamentarias de la AN y dirigentes políticos, dicen desconocer el contenido del acuerdo.
Comentó que la Ley de Tierras y Desarrollos Agrarios, prohíbe el latifundio y la tercerización, que son dos figuras que estarían presentes en este caso.
