Tras las 13 excarcelaciones registradas el 23 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro ya sumó 13 nuevos presos políticos, como parte de la puerta giratoria del sistema represivo.
El primer caso se registró el 25 de agosto en el estado Bolívar, donde fue detenida Lorenia Gutiérrez, coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Universidad del municipio Caroní. La organización denunció que funcionarios encapuchados y armados allanaron su vivienda sin orden judicial y se la llevaron a un destino desconocido, alertando a la comunidad internacional sobre su situación.
Ese mismo día, en el estado Barinas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció la desaparición forzada del exalcalde José Luis Machín Machín, junto a otros cuatro ciudadanos: Isaura Villamizar, Miguel Jorge Álvarez, José Osorio y Junior Adonay Rivas.
Todos fueron interceptados por cuerpos de seguridad en el municipio Sosa cuando regresaban de una reunión con militantes políticos. Desde entonces, su paradero es desconocido, lo que el comité considera un crimen de lesa humanidad.
Jóvenes presos políticos
El 31 de agosto se reportó en Mérida la detención de los dirigentes juveniles de Vente Venezuela Yones Molina y Jesús Castillo, interceptados por civiles armados en la entidad andina. El partido advirtió que con estos presos políticos se busca silenciar a la juventud venezolana que lucha por permanecer en el país, y responsabilizó al gobierno por su integridad.
El 2 de septiembre, el dirigente político Marcos Velazco denunció la desaparición de su padre, Julio Velazco, ocurrida en Caracas durante la madrugada del martes. En un mensaje público, su hijo exigió conocer su paradero y ratificó que su familia mantiene firme su compromiso con la causa democrática.
Finalmente, el 4 y 5 de septiembre, la represión alcanzó al estado Carabobo. Funcionarios de la PNB convirtieron en presos políticos a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17, luego de irrumpir sin orden judicial en su residencia de Paso Real, en San Diego.
Al día siguiente, Chantal Niulany Guillén, de 21 años, acudió a la sede policial de La Esmeralda tras recibir un llamado engañoso de su hermano detenido. Fue acompañada por su hija de dos años, Nicole de Los Ángeles Palermo, y ambas quedaron en cautiverio sin justificación. Vente Venezuela calificó este hecho como la aplicación del método Sippenhaft, una represalia contra familiares de opositores aplicada en la Alemania nazi.
Con estos casos, la lista de presos políticos en Venezuela volvió a crecer apenas días después de que se anunciara un grupo de excarcelaciones. Para la oposición, se confirma que el gobierno mantiene activa la puerta giratoria como instrumento de control y represión sistemática.
Monitoreamos
