El régimen de Nicolás Maduro respondió a los cuestionamientos de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acusando al organismo de haberse extralimitado en sus conclusiones, excedido sus competencias y acusó a las organizaciones sindicales no afiliadas al Ejecutivo chavista de ser “tarifadas” y controladas por los empleadores.
En el alegato suscrito por el ministro del Trabajo, Germán Eduardo Piñate, se considera que las agrupaciones sindicales que no forman parte de la órbita chavista son “sindicatos amarillos”; es decir, entidades bajo control de los empleadores.
Asimismo, el régimen negó que hubiera persecución contra los sindicatos y las acusaciones de desconocer la libertad de organización de los trabajadores. Justificó que dirigentes sindicales estuvieran juzgados en tribunales militares, porque supuestamente cometieron “delitos militares”.
“Contradecimos de manera clara y categórica las ligeras apreciaciones de la Comisión de Encuesta, respecto a las sentencias emitidas por los tribunales de nuestro país. Debe quedar claro que, las sentencias son para cumplirse, no para interpretarse y menos aún por parte de la Comisión de Encuesta que no tiene competencia al respecto”, afirma la respuesta oficial.
Más adelante, señala que “no es pertinente que, no obstante contar con el texto de las sentencias, la Comisión refiera desacertadamente que otros elementos que no fueron ventilados en el respectivo juicio, sino que de manera extemporánea le fueron alegados a los miembros de la Comisión, le hacían presumir a la Comisión lo contrario a lo decidido por el tribunal correspondiente. Esas presunciones, sesgadas y subjetivas, no cuentan con sustento y por ello nos apartamos sin ambages de esas ligeras consideraciones expuestas en sus conclusiones”.
En general, el alegato de respuesta del régimen a la OIT, que tomó la histórica decisión de designar una comisión de encuesta para investigar las reiteradas denuncias sobre violación a los convenios internacionales del trabajo en Venezuela, se limita a descalificar los argumentos de la entidad, incluso apelando a la ironía: “Lamentamos constatar que la Comisión sufra de la pretensión de convertirse en una instancia de alzada de los tribunales nacionales, lo cual no es aceptable bajo ningún aspecto, y lo dejamos claro de manera tajante; y peor aún que con sus consideraciones pretenda subsanar que la parte interesada no haya ejercido la apelación correspondiente ante el respectivo tribunal superior, en caso de que no hubiese estado de acuerdo con el dispositivo de la sentencia correspondiente”.
En el documento, defiende su modelo de diálogo social y señala que no está obligado legalmente a utilizar el modelo prescrito de acuerdo tripartito, prescrito por la OIT, ya que, en opinión del despacho del Trabajo, en el país existe un consenso laboral mucho más amplio.
De esta manera, Venezuela se convierte en el primer país que no se compromete a cumplir un dictamen de la OIT.
Con información de Banca y Negocios
