El país está observando el inusual fenómeno de la destitución y hasta encarcelamiento de personas del Poder Judicial de Nicolás Maduro, tanto funcionarios administrativos como jueces de quienes trasciende la autoría de deleznables actos de corrupción así como de gravísimas violaciones a derechos humanos y a las normas que rigen la actividad de administrar justicia en Venezuela.
Ante la mencionada situación cabe la pregunta formulada en el titular de este artículo pues en particular José Mascimino Márquez, uno de los protagonistas de este escándalo quien mientras estuvo ejerciendo el cargo de juez 4° antiterrorismo emitió sentencias condenatorias por años de prisión a muchas personas que en esos procesos fueron sometidas a torturas en las que él mismo participó, y demás brutales violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos constitucionales, derechos incluso consagrados en leyes de carácter supranacional. Un caso específico fue la sentencia que este sujeto emitió después de haber tramitado el caso que ha trascendido y que se conoce como el de “Operación Gedeon”.
En la página del TSJ publicada en fecha 26/05/2020 se publicó lo siguiente: “Luego de realizada la audiencia, el Tribunal Especial 4° de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo decretó la privación judicial preventiva de libertad contra Erickson Chaya Barroeta, José Alexander Sanguino, Juan Fred Acosta, Andreina Alemán Castellanos y Yolimar Alemán De Chaya…por delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero, previstos y sancionados en los artículos 128, 143 y 132 del Código Penal. Además, terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, tipificados y sancionados en su orden en los artículos 52, 38, 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del Estado venezolano…Igualmente, el mencionado juzgado decretó la privación judicial preventiva de libertad contra los ciudadanos Juan José Torres y Franklin Duran, por la presunta comisión de todos los referidos delitos, y además el de financiamiento al terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
EL JUEZ MASCIMINO EN EL CASO “GEDEON”
José Mascimino Márquez adquirió el cargo de juez antiterrorismo no por sapiencia jurídica, no por haberlo ganado en un concurso, sino porque en su trabajo como mesonero de la arepera “Los Pilones” en Las Mercedes, Caracas, lugar donde en las madrugadas cuando salía de sus parrandas acostumbraba aterrizar Mario Aquino el mano derecha de Cristobal Cornieles Perret, jefe de todos los jueces penales de la capital, él -Mascimino- corría a atenderlo porque daba buenas propinas y porque se enteró de que era un jefe judicial. En una de esas le dijo que se había graduado de abogado y le pidió le ayudara a conseguir un trabajito, al poco tiempo el sujeto ya estaba en el cargo de juez cuarto nacional contra el terrorismo, sin mérito alguno, solo porque era el mesonero simpático que lo atendía en Los Pilones.
Rápidamente este sujeto -Mascimino- se destacó por su actitud de perro feroz en el palacio de justicia de Caracas donde se paseaba con pistola al cinto, entraba a los juzgados a dar órdenes a los demás jueces, pedía coimas descaradamente, y nadie se atrevía a contradecirlo, era el protegido de la presidencia del Circuito. Así llegó al famoso caso “Gedeon” donde apresaron y le pusieron a su disposición a 72 personas para que las condenara. El juicio se efectuó no en la sede del tribunal, sino dentro de la prisión Helicoide. No estuvo permitida defensa privada ni ningún reclamo sobre derechos humanos. Todos fueron condenados y la sentencia solo se les notificó verbalmente obligando a su aceptación que algunos bajo torturas y amenazas a sus familiares admitieron, de allí el horrible episodio de uno de los presos que se negaba a admitir la sentencia y le llevaron a la hija, una niñita de 7 años de edad, hasta el cementerio donde abrieron una fosa, la colocaron de rodillas al borde mientras aterrorizada lloraba y gritaba, mientras tanto un matón le ponía una pistola en la cabeza, todo eso en presencia de este juez Mascimino- el preso rebelde entonces se quebró en llantos y firmó sin leer el papel que le tenía puesto por delante admitiendo los hechos, su culpabilidad y tambien señalando a otros de los procesados como coautores de los delitos que les im putaban.
EL INCIDENTE QUE HIZO REVENTAR ESTE CONFLICTO
El episodio que está causando un gran revuelo en los medios judiciales del país está inserto en una sonora trama que se viene desenvolviendo y revelando hace unas semanas y que comenzó con el caso del nombrado Coordinador judicial del Circuito Judicial Penal de Caracas, Mario Aquino, quien está acusado de haber recibido 240 mil dólares para que se liberara a un peligroso delincuente conocido como “el pelón Cheremos” de una banda denominada “El tren de Aragua”. La liberación fue ordenada por el citado juez Jose Mascimino Márquez García quien emplazado para que aclarara esa orden delató al mencionado presidente del circuito Cristobal Cornielles Perret quien a su vez se excusó afirmando que se trataba de una “orden de arriba” concretamente de Jorge Rodríguez y que se la había transmitido la abogada Loreannys Mariana Mejía funcionaria de la Asamblea Nacional que éste preside, dicha abogada actúa bajo protección -y no se sabe si por instrucciones- de Pedro Carreño pues hace tiempo viene actuando en nombre de éste ya que es vox populi que entre ambos hay una relación sentimental de vieja data, pero lo cierto es que hoy en día esa abogada también está entre rejas, no así el malévolo Carreño que es un bandido de siete suelas y le han dejado actuar a sus anchas en el poder judicial.
HENNIT LÓPEZ MEZA, OTRA JUEZ MONSTRUO
Hennit López Meza se llama la Juez Primera Antiterrorismo, la del caso de “Los Drones” que también ha sido llevado ante la CPI. Su comportamiento no ha sido muy diferente al otro, apresaron a 40 personas la mayoría de las cuales pagó a la juez de Control Carol Padilla, también a los fiscales Farik Mora y Dinora Bustamente para que los liberaran, quedaron 17 a quienes se mantuvo en prisión y se les aplicaron horrendas torturas y hasta amenazas contra familiares. El juicio fue todo un compendio de abusos y violaciones al debido proceso que tuvo su colofón en la pretensión de que las personas sobre las que recayó condenas, ni sus abogados, pudieran haber tenido acceso a ver la sentencia que consta de 300 páginas.
El dispositivo del fallo tiene fecha 3 de agosto del 2022 pero el texto completo se publicó mas de 6 meses después, el 17 de febrero del 2023 cuando según el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal establece que eso debe hacerse a los diez días después de dicho dispositivo.
Esta juez se trasladó a la prisión para notificar el mencionado dispositivo del fallo sin que los presos pudieran ver todo su contenido, y así presionaba para que se firmara. Esto con la intención evidente de que quedara firme sin apelación esa sentencia que mantenía oculta como lo denuncié en un video que entonces realicé y publiqué, lo cual les trastocó la maniobra. Esta juez monstruo también merece destitución y cárcel al igual que Mascimino.
LA INVALIDÉZ DE LAS SENTENCIAS DE MASCIMINO Y DE LÓPEZ MEZA
A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cosa juzgada fraudulenta tenemos que los precedentes vienen delineando desde el año 2000 lo que debe entenderse como tal. En el caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana estableció que la normativa internacional examina lo que se conoce como este tipo de fraude y que se encuentra diseminado en varios textos como el artículo 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; artículo 20 del Estatuto del tribunal Internacional para Ruanda, y artículo 9 del Estatuto del tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. Allí quedó asentado que este tipo de sentencias son el resultado de juicios en los que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad, y mas aún cuando se ha ejercido torturas materiales o morales contra los procesados. Y por tanto es de obligatoria responsabilidad de los Estados declarar su nulidad y castigar a los autores.
QUE HACER
Urge que se demande la nulidad de las sentencias emitidas por el ex juez y ahora prisionero reo por corrupción y otros cargos, José Mascimino Márquez, y por la juez Hennit López Meza, todavía en funciones. El motivo sería las graves violaciones a los derechos humanos que se pueden detectar en esos procesos. Esto podría hacerlo cualquiera de las víctimas mediante una acción de amparo constitucional, pero le quedaría muy bien si lo hiciera Tarek William Saab a título de Fiscal General.
Ante esa demanda el TSJ de Caracas tendría dos opciones 1) declararla con lugar anulando las referidas sentencias emitidas por José Mascimino Márquez, y por Hennit López Meza con lo cual se haría justicia para así deslindarse de los actos de esos jueces, o 2) rechazar la demanda cualquiera que sea la excusa que se use, ratificando con ello complicidad con las violaciones a derechos humanos que se ha acusado ante la CPI.
MADURO AL PIE DEL PATÍBULO
Si el Fiscal Karim Khan se ha atrevido a decretar la detención de Vladimir Putin ¿álguien puede creer que no lo hará también contra Nicolás Maduro? Este fiscal solo está a la espera de la autorización de la Sala de Preliminares que sigue en retardo, ahora con la excusa de la consulta a las víctimas, que muy bien que se haga, lo aplaudimos y hasta hemos colaborado en elaborar varias de las planillas con casos que le enviamos, pero eso no tenía porqué paralizar, detener, la decisión que se espera de declarar sin lugar la petición de inhibición que contra Khan formuló Maduro y de autorizar la prosecución de la investigación. Esa consulta podría haberse tramitado en paralelo a la sentencia que ya acusa bastante retardo y que tantas víctimas claman al cielo por ello.
¿Quiere usted, Maduro, salirse de esa complicación? aquí le doy la fórmula: Demuestre que no tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos y para ello: 1) Ordene la libertad de todos los presos políticos. 2) Gestione la reconstrucción de todo el sistema de justicia de Vanezuela. 3)Haga lo necesario para el procesamiento de todas las personas que han participado en violaciones a los derechos humanos en el país…Es un consejo, de lo contrario usted estará en otro cartel de “Se busca”, ya no del FBI, sino de la CPI.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL
