Foto EFE

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio condenó los daños ocasionados tras las protestas en Chile y expresó su preocupación “ante los hechos que están ocurriendo en el contexto latinoamericano” y que ponen en peligro la democracia en la región.

El denominado TSJ en el exilio, cuyos miembros están entre EEUU, Chile, Colombia y Panamá, expresó sus críticas por los daños ocasionados al transporte, público y privado, y a la propiedad privada como consecuencia de las protestas registradas en Chile el pasado viernes, “daños que solo afectan a los ciudadanos”, dijo.

El alza del precio del metro fue el detonante de una protesta ciudadana para expresar el descontento ante la carestía de la vida en Chile y las desigualdades del país, que estalló este sábado en una batalla campal en varios puntos de la capital y en otras zonas del país, con barricadas, incendios y saqueos.

Los actos vandálicos motivaron el sábado la declaración de emergencia para confiar al Ejército el control de la situación en Santiago, a la que Gobierno sumó luego las regiones de Valparaíso (centro), Concepción (sur), las comunas de Coquimbo y La Serena, en la región de Coquimbo (norte) y la comuna de Rancagua, O’Higgins (centro).

De igual forma, el Supremo condenó “enfáticamente la violencia desmedida que atenta contra la seguridad de las regiones democráticas de Latinoamérica” y expresó su solidaridad con los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, señala el tribunal en un comunicado firmado por su presidente, Miguel Ángel Martin Tortabú.

El TSJ en el exilio advirtió que el denominado Foro de Sao Paulo, el encuentro anual de organizaciones y movimientos de izquierda creado en 1990, “es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en el Hemisferio”.

La nota resalta que a partir de la ultima edición de este foro, que se celebró el pasado julio en Caracas (Venezuela), se han producido “situaciones fácticas en las Repúblicas del Perú, Ecuador, Colombia y ahora Chile” que han alterado la tranquilidad de dichos países.

Lo anterior ha generado “hechos vandálicos con propósitos inconfesables más allá de las protestas cívicas que son permitidas en democracia, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, la gobernanza, la seguridad, la propiedad y la tranquilidad”, señala el Supremo en el exilio.

Compuesto por 27 miembros, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio tuvo su primera sesión en octubre de 2017, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

En marzo del año pasado, durante una sesión celebrada en Bogotá (Colombia), el organismo admitió a trámite una demanda presentada por la exfiscal general venezolana Luisa Ortega contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, por un presunto caso de corrupción.

Un mes después, el TSJ en el exilio declaró la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la investigación.




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