El Circuito Judicial Penal del estado Carabobo inició este lunes 31 de agosto los preparativos para retomar la celebración de las audiencias preliminares que quedaron pendientes tras la paralización de los tribunales en todo el país desde hace más de cinco meses, cuando inició la cuarentena por COVID-19.
Una fuente con conocimiento del asunto informó a El Carabobeño que este martes 1° de septiembre desde el Palacio de Justicia notificaron la fecha de sus respectivas audiencias preliminares a algunos privados de libertad recluidos en los calabozos del centro de detención preventivo de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Plaza de Toros, al sur de Valencia.
Alfonso Granadillo, vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo, confirmó que el Poder Judicial en el estado comenzó se está organizando para retomar sus actividades con las fechas de las audiencias preliminares ya establecidas. No es un proceso sencillo, consideró, debido a que deben ser notificados los abogados defensores, el Ministerio Público (MP) e incluso las víctimas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no se han pronunciado al respecto.
“Lo que yo pude ver hoy (en el Palacio de Justicia) fueron traslados para audiencias especiales de presentación o de control”, detalló Granadillo. “En cuanto a la celebración de audiencias preliminares, no vi la celebración de ninguna. Sin embargo, sí pude observar que hay un proceso de organización para la fijación de las fechas”.
Respecto a las medidas implementadas por los tribunales de la entidad carabobeña para evitar la propagación de la COVID-19, Granadillo señaló que algunos jueces, alguaciles y secretarios fueron dotados con trajes de bioseguridad, mientras que a los abogados se les exige el uso de tapabocas, guantes y gel antibacterial.
A su juicio, se trata de normas preventivas acertadas, ya que los detenidos a los que se les van a realizar las audiencias son traslados desde “centros de reclusión donde no se cumple con las medidas de bioseguridad”.
El lunes 24 de agosto un nutrido grupo de casi un centenar de personas, familiares de privados de libertad, se apostó frente a la sede del Palacio de Justicia de Carabobo para exigir la reactivación de los tribuales, los cuales se encuentran sin despacho desde marzo por la pandemia de COVID-19.
La mayoría de los manifestantes eran mujeres como Angélica Espinoza, hermana de uno de los presos. “En mi caso, tengo a mi hermano detenido desde noviembre del año pasado. Ya le había otorgado libertad plena y estaba por salir en marzo, pero fue cuando comenzó lo de la cuarentena”. Los traslados también fueron suspendidos.
La exigencia es clara: “Que se activen todos los tribunales y se aboquen al 7+7 para que empiecen a trabajar con todos los casos que quedaron paralizados desde hace cinco meses atrás y hasta hace más un año y pico atrás”, sentenció Espinoza, quien encabezó la protesta. “Ya llevamos cinco meses de cuarentena y los tribunales simplemente permanecen cerrados o trabajando supuestamente con un tipo de emergencia que no entendemos”.
Los familiares temen por las condiciones de salud de los presos debido a los altos niveles de hacinamiento existentes no solo en las cárceles sino también en los centros de detención preventivos. Espinoza fue enfática al advertir que cada vez hay más reclusos enfermos que, ante la falta de atención médica, terminan muriéndose en los calabozos.
