Según sentencia 1057 (expediente 23-0802) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizada por la magistrada Tania D’Amelio, producto de una demanda por derechos o intereses difusos o colectivos interpuesta por el Ministerio Público, el máximo tribunal del país decidió establecer una junta ad hoc para reestructurar la Cruz Roja Venezolana, la cual quedará a cargo de Ricardo Filippo Cussano.
Cussano, abogado, egresado de la Universidad Santa María, quien fungió como presidente de Fedecámaras en el período 2019-2021, ha quedado facultado para coordinar, en los próximos siete (7) días hábiles, la designación de los miembros de la Junta Reestructuradora, que deberá estar integrada “por personas de alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional”, según señala el veredicto del TSJ, publicado en la página web del Poder Judicial venezolano.
La junta reestructuradora también deberá garantizar la continuidad de los servicios que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores y voluntarios, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios; administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, y efectuar una evaluación y reorganización interna del ente a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento.
Un año para concretar los objetivos, aunque podría haber prorroga
La sentencia también indica que la Junta Reestructuradora tendrá un año, aunque podrá recibir una prórroga, para tales actividades, incluso para proceder a la convocatoria de las elecciones internas para elegir a las autoridades que conforman la Cruz Roja Venezolana, mediante un proceso participativo y democrático, a los fines de garantizar el pleno funcionamiento de esa organización humanitaria.
Entre otras cosas, la junta deberá colaborar con el Ministerio Público en la investigación y consecución del proceso penal que se adelanta contra el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana saliente, encabezado por Mario Villarroel Lander, al cual se le ha cesado y dado por notificado mediante la sentencia en cuestión.
Como se sabe, hace una semana, a través de Twitter, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que designó a la Fiscalía 34 con competencia nacional en derechos humanos para “investigar y sancionar el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de este organismo por parte de Villarroel Lander y miembros de su equipo”.
Por su parte, Diosdado Cabello denunció, durante su programa de televisión semanal transmitido por VTV, que en la Cruz Roja Venezolana no había estatutos para proteger a los voluntarios de abusos de poder.
Tras esta decisión, y por el momento, no ha habido reacción alguna por parte de la junta directiva saliente ni de la Federación Internacional de la Cruz Roja.
No obstante, en la jornada previa, y luego de que trascendiera que el TSJ decidiría sobre el tema, el vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Miguel Ángel Villaroel, se dirigió a la opinión pública nacional para instar a las autoridades oficialistas a no establecer la junta ad hoc, por lo que se desconoce cuáles serán las medidas que tomarán el Comité Directivo saliente y el ente internacional.
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