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Dayrí Blanco|@DayriBlanco07

Aún sin huelga el paro era obvio. Entre cinco, ocho, e incluso más de 12 horas, espera una comunidad como tiempo ya habitual para la reconexión del servicio eléctrico tras una falla en el sistema. Sin unidades para atender la avería, el tiempo de respuesta de las cuadrillas de Corpoelec cada vez es mayor. En Carabobo, 92% de los camiones que se usan para cumplir esa labor está accidentado. La estatal no tiene presupuesto para mantenerse.

Solo cinco de una flota necesaria de 63 unidades están operativas. Pero la cifra es variable. “La semana pasada había una en el norte de Valencia, esta semana está dañada”, relató Ernesto González, dirigente sindical de la empresa en la región. En el distrito sur, que atiende a todas las comunidades de esa zona de la ciudad, hay dos vehículos en funcionamiento solo porque los trabajadores hicieron las reparaciones con dinero de sus bolsillos.

Con ese déficit la atención se hace cada vez más tardía. “A veces hay que arreglar una corriente subterránea en Guacara y hay que esperar porque están con el carro haciendo un trabajo en Puerto Cabello”.

Pero los tiempos de respuesta se incrementarán. La mañana de este miércoles la huelga laboral de Corpoelec pasará a una segunda fase en Carabobo, para ejercer más presión hasta que se firme el contrato colectivo que cuenta seis años vencido. Se trata de la incorporación de los más de 300 linieros de distribución, interrupciones y operaciones comerciales, quienes estarán de brazos caídos pero atenderán estrictamente emergencias en circuitos que incluyan hospitales y clínicas.

El llamado del sindicato es a aplicar “operación morrocoy” en las labores de reconexión del servicio cuando se presente una falla. “Si se le entrega a una cuadrilla 10 boletas de trabajo realizarán solo dos o tres”, mientras que las órdenes de mantenimiento programado no se ejecutarán.

Contrapropuesta

A finales de la semana pasada la coalición sindical recibió una nueva propuesta de parte del Ejecutivo para la firma del contrato que fue rechazada. Les ofrecieron aumento de 100% del tabulador salarial, bono de alimentación de 79 mil bolívares, pero todo sin retroactivo ni el bono compensatorio que debe ser cancelado a los 52 mil trabajadores, entre jubilados y activos, por el retraso.

También se les pidió que el nuevo contrato entrara en vigencia el 1 de enero de 2017 y que se aceptaran 225 millardos de bolívares a la firma, “pero el contrato vale 340 millardos”. Una contrapuesta fue presentada con 325 millardos y la posibilidad de incrementar la tarifa eléctrica, que tiene 17 años sin ser ajustada, y el cobro de la facturación al 40% de la población que tiene conexiones ilegales para garantizar flujo de recursos a la estatal. Aún se espera respuesta oficial.

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