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La Asamblea Nacional (AN) solicitó al Ministerio Público
emprender una investigación por las irregularidades en la distribución de
comida y por casos de extorsión cometidos por los integrantes de los Comité
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), plan creado por el Gobierno para
regularizar la entrega de alimentos de primera necesidad.

La petición surge a raíz de las denuncias sobre venta con
sobreprecios de las bolsas de comida y el desvío de los alimentos hacia el
mercado negro que registró la Comisión Especial encargada de investigar y
documentar las violaciones de Derechos Humanos producidas a raíz de las
protestas por el desabastecimiento de comida en el país.

La delegación, presidida por la diputada de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) Mariela Magallanes, presentó este martes 27 de
septiembre, en sesión ordinaria, el informe final sobre las averiguaciones, que
concluye que en los Clap ha habido violaciones del derecho a la alimentación y
discriminación política, pues –asoman los diputados– los integrantes de este
programa censan y otorgan la bolsa de comida a las personas que estén a favor
de la línea de pensamiento del Gobierno.

El documento, aprobado por la mayoría opositora, también
exige a la Defensoría del Pueblo que averígüe las violaciones de derechos
humanos y pide remitir el caso a la Comisión Permanente de Contraloría de la
AN, cuya instancia se encargará de investigar los casos de corrupción
evidenciados en el informe. La delegación parlamentaria gestionará diligencias
para denunciar los casos ante instancias internacionales.

Magallanes responsabilizó al jefe nacional de los Clap,
Freddy Bernal, por las irregularidades en la repartición de las bolsas y,
además, cuestionó que no haya acudido a la Comisión Especial cuando se le
invitó a comparecer. “El hambre no se acaba con la presentación de este
informe, porque el régimen, que insiste en arrodillarnos, es el que coordina
este proyecto desastroso”, opinó la asambleísta opositora.

Durante el debate, los diputados de la bancada del
oficialismo, quienes reiteraron la “ilegalidad” de la sesión, por el desacato a
las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de la AN,
aseguraron que en el país no hay hambre y enfatizaron una vez más en los
reconocimientos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) ha otorgado al país por su lucha en esta materia.

“Los Clap han sido una solución a las colas que ustedes
prometieron eliminar el 6 de diciembre (…). A ustedes les duelen los Clap
porque fueron una iniciativa que surgió de la organización del pueblo para
salir de esta emergencia económica”, resaltó la diputada por el Gran Polo
Patriótico (GPP), Haydeé Huérfano, quien aseguró que el informe persigue que en
el extranjero se siga teniendo una mala imagen del país.

Por su parte, Gaby Arellano, parlamentaria de la Unidad,
destacó que las irregularidades en los Clap ocurren en medio de una situación
económica compleja, caracterizada por una inflación que ha mermado la capacidad
de compra de las familias venezolanas, que no pueden cubrir una canasta básica
alimentaria.

El jefe de fracción opositora, Julio Borges, señaló que la
crisis alimentaria que padece el país no es producto de la caída de los precios
del petróleo, como argumenta el oficialismo, sino por el débil incentivo a la
producción nacional.

Luego de afirmar que cerca de 5 millones de venezolanos comen
una vez al día, Borges citó una encuesta elaborada por el Parlamento que
registró que 8 de cada 10 ciudadanos relacionan el “bachaqueo” con los Clap,
quienes venden, según comentó, las bolsas entre 18.000 y 20.000 bolívares.

“La gente quiere comprar sus productos donde quiera, cuando
quiera y no lo que un grupo les pretende ofrecer”, remató Borges, quien
adelantó que en los próximos días se estará presentando en plenaria, para su
segunda discusión, la Ley de Producción Nacional. (LSN)

Con información de El Pitazo.

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