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Alfredo S. Flores | @alfredoflores96

El 23 de diciembre de 2015 fueron juramentados 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), durante una sesión de emergencia convocada por la anterior directiva de la Asamblea Nacional afín al Gobierno Nacional. Este jueves 14 de julio tal investidura quedó sin efecto al aprobarse el informe de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ.

“Desde ayer cuando quedó aprobado este informe ellos no pueden aprobar ni participar en ninguna sentencia”, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, y presidente de la comisión ah hoc.

El informe en cuyo contenido se detalla que el nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes se realizó de manera fraudulenta, pues, según explicó el parlamentario, no se cumplieron los plazos y se violó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley de Interior y Debate de la Asamblea Nacional.

¿Qué pasará ahora?

Berrizbeitia explicó que lo que viene a continuación debería ser el desprendimiento de los juristas de sus cargos y la juramentación de magistrados suplentes provisionales, para dar paso a la instalación del comité de postulación judicial que permitirá la elección de los nuevos magistrados del TSJ.

Aclaró que los juristas que están en funciones no tienen ningún impedimento para volver a postularse, y subrayó que si lo hacen van a ser considerados, según los requisitos establecidos en la ley, y de cumplir con estos requerimientos no descarta que puedan volver a ser escogidos.

Sobre la legalidad de la decisión tomada en el Parlamento, el diputado recordó el artículo 90 de la Ley de Interior y Debate donde se establece que las decisiones revocatorias de un acto de la Asamblea Nacional, en todo o en parte, requerirá el voto de la mayoría absoluta de los presentes. “Lo que hicimos es legal, dependerá de los magistrados si se desprenden de sus cargos o siguen aprobando sentencias”, dijo.

Respaldo de internacional

El parlamentario dio a conocer que el contenido del informe se hará llegar este viernes a los organismos internacionales con pertinencia en materia judicial y a la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el cuerpo diplomático del Poder Legislativo.

Esta labor informativa dirigida a la comunidad internacional tiene el propósito de hacer constar que todo el procedimiento para dejar sin efecto la juramentación de los 32 magistrados, fue realizada en el marco de la ley. Tal iniciativa estará coordinada por la Comisión de Política Exterior y la Comisión de Política Interior.

Sobre la seguridad de que este acuerdo sea acatado por las partes involucradas, el legislador opinó, que al no ser Venezuela un país donde se cumpla el Estado de derecho, ninguna decisión que tome la Asamblea está blindada. “Esto funciona en países con instituciones independientes, fuertes y no dependientes del ejecutivo nacional”, alertó.

Insistió en que la decisión del Parlamento surge frente un fraude constitucional donde se violó la ley. “Es tan cierto nuestro informe que el día de ayer cuando se discutió, los diputados oficialistas no pudieron negar la violación de los artículos”, detalló Berrizbeitia.

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