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Zaida D. Arias. M
El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, aseguró que la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y el hampa compiten para ver quién asesina más.
 
A un año de la implementación de la OLP como plan de seguridad del Gobierno, el abogado y exparlamentario mostró este viernes, las cifras de asesinatos de aproximadamente unas 200 personas a través de este mecanismo. También se refirió acerca del retiro de unas 2.400 armas ilegales. “De acuerdo a la información que se manejan es que existen en el país 8 millones de armas ilegales y no ha habido desarme”.
 
Narváez hizo referencia a las estimaciones que maneja la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en cuanto a la impunidad que para ella está por el orden del 80%; mientras que para el profesional de las leyes se ubica en el 98%. Denunció además que la OLP se aplica al margen de la Constitución Nacional y sin aval del Ministerio Público.
 
Dijo que en el Ministerio Público reposan 3.500 causas mensuales y “si no hay presión de medios y ONG no investigan porque la estructura no tiene recursos. ¿Cómo combatimos impunidad, delitos, linchamientos? La OLP es un grupo de exterminio y tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio Público debe decidir su legalidad y si las detenciones arbitrarias que ejecutan se ajustan a las leyes”.
 
Narváez indicó que la denominada Operación Para la Liberación del Pueblo no ha incidido en la disminución de índices delictivos ni homicidios a manos del hampa, ya que entre enero y mitad de julio de este año ingresaron 2.827 cadáveres en la morgue de Bello Monte. La cifra de mayo es de 474 cadáveres y la de junio asciende a los 500. De igual forma, en lo que va de año el hampa ha dado de baja a 80 funcionarios de seguridad, entre Guardias Nacionales, Policías Nacionales Bolivarianos (PNB) escoltas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entre otros. Han ocurrido 78 linchamientos, lo que indica que las comunidades se defienden de delitos cometiendo más delitos.
 
Por tanto, está de acuerdo con la eliminación de las OLP, “por ser estructuras inconstitucionales e ineficientes en la labor de combatir el delito, y, por el contrario, deben ser sustituidas por una integración militar de emergencia y mesas de justicia que incluyan la participación de alcaldes, gobernadores, organismos de seguridad y coordinación eficaz del ministerio de Interior, Justicia y Paz. Agregó que mientras exista crisis económica y social en el país y no se actúe de manera legal y efectiva, con planes de inteligencia para combatir el hampa, esta seguirá “adueñándose del territorio nacional”.

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