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 La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, indicó que la designación de los magistrados actuales del Tribunal Supremo de Justicia es nula porque fue hecha al margen de la ley y están en proceso conforme a los lapsos legales de una nueva elección de magistrados.

La diputada explicó en el programa A Tiempo de Unión Radio, que “todas estas leyes que están anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia siguen gozando de plena legalidad. La Constitución dice que cualquier decisión dictada al margen de ella, es nula de nulidad absoluta y tenemos la obligación de desconocer ese tipo de decisiones que están al margen de la Constitución.

La parlamentaria nacional dijo que si el Gobierno siguen actuando al margen de la legalidad los coloca a ellos frente a la posibilidad de un juicio ante la historia.

No les importa la crisis que vive el pueblo y mientras nosotros nos empeñamos en legislar con las uñas, porque nos dejaron la AN desmantelada, hoy en día los diputados no tenemos salario. El señor Maduro decidió que va a enviar recursos a la AN para los empleados y del personal directivo –que bien lo merecen- pero no para los salarios de los parlamentarios”

Emprenderán acciones legales por la paralización de sueldos que les fue hecha por el Ejecutivo. “No tenemos salarios, tenemos 20 días sin salarios, que es bajo pero lo necesitamos, la bancada del PSUV dijo que no la necesitaban.

La diputada recalcó que los venezolanos y en especial la oposición no quiere un golpe de Estado. El pueblo pide elecciones y nosotros somos el instrumento para activarlas.

El Gobierno para tratar de tapar ese gasto indiscriminado mientras la gente pasa hambre. Los policías que tienen que comprar los uniformes y las municiones de su dinero, que tienen zapatos rotos y no tienen beneficios, Nicolás decidió que le cambiará los uniformes a la PNB cuando los uniformes que están ahorita no tienen con que comprarlo y no tienen patrullas, afirmó la diputada.

REVISTA DE LOS CLAP

Solórzano rechazó que se pretenda hacer una revista para los CLAP, cuando no tienen mayor alcance y tampoco hay mayor cantidad de recursos para derrochar ahora.

“Esto no es un tema ideológico, es un tema país, si ves que de las 11 leyes una sola está en vigencia es la prohibición de uso de  teléfonos celulares porque el 93% de los crímenes son orquestados desde las cárceles”. Todas las demás están engavetadas.

La parlamentaria repudió que se hayan suspendido diez leyes por razones políticas. “El gobierno se empeña en generar una conflictividad política para tapar lo que ocurre en Venezuela, que los venezolanos tienen hambre. Hay una crisis económica, y ahora que viene el inicio del año escolar”.

Unión Radio

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