El convenio cambiario 35, publicado el 10 de marzo de 2016 en Gaceta Oficial 40865, es claro: la tasa protegida de 10 bolívares se destinará para la importación de alimentos y medicinas. Los meses pasaron y la escasez seguía intacta. Nada cambió hasta que la norma fue violada. Bastó que las empresas decidieran invertir en el sistema complementario Dicom para que el Gobierno les diera el permiso de importación y los anaqueles se comenzaron a llenar de pasta, arroz, y harina de países de Latinoamérica.
Gerson Hernández presidente Nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, y miembro del Consejo Nacional de Economía Productiva, cuestionó que el enfoque del Gobierno haya sido solo satisfacer la demanda con comida del exterior en lugar de incentivar la producción local.
Denunció también que aunque las empresas importadoras gozan de los permisos correspondientes, el precio de venta al consumidor tiene características especulativas que deben ser corregidas.
Hernández exhortó al Gobierno a hacer los ajustes de precios necesarios en algunos rubros. “En muchos casos el valor del empaque de un alimento está por encima del establecido por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Y eso no puede ser. Es un trabajo a pérdida”:
Pese a todos los problemas productivos aseguró que en el primer trimestre del próximo año habrá mayor presencia en anaqueles de rubros hechos en la nación, gracias a las alianzas estratégicas que se han establecido entre el Gobierno, el sector privado y los productores del campo.
