Alrededor de 22 familias de militares, que tienen hasta 19 años de servicio, podrían quedarse sin hogar en el conjunto residencial General de División Lino Clemente, en espacios del Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada de Valencia, tras una orden de desalojo del primer comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo, general Juan Carlos Du Boulay Perozo. Los efectivos que no han acatado la medida de desocupación tienen órdenes de aprehensión en su contra.

La orden de desalojo fue emitida el pasado 28 de septiembre. De acuerdo al documento que se hizo llegar a los militares, activos y en situación de retiro, los inmuebles son un bien nacional custodiado por las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su uso es exclusivo para el personal. Según el escrito, los efectivos de la Aviación, Ejército y Guardia Nacional que tienen familiares viviendo en esas residencias y que no han desalojado, están incursos en delitos militares contra la administración militar y en desobediencia, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

Ante el presunto delito, la juez militar sexta de control, Luz Mariela Santafé Acevedo, emitió el 1 de diciembre órdenes de aprehensión contra los militares que incumplan el desalojo, solicitadas por el fiscal militar decimoquinto de Valencia, Angel Ferrer Alfonzo. Los acusan de delitos contra la administración militar y desobediencia. Se instruye en el escrito de Santafé a que los militares sean incluidos en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) como solicitados por ese despacho y, una vez localizados, trasladados al tribunal.

La información fue suministrada en El Carabobeño por representantes de familias afectadas, quienes aseguraron que desde la semana pasada recibieron visitas nocturnas de efectivos para recordarles que deben desalojar el inmueble este viernes. “Esto ha creado un psicoterror hasta en los niños”.

Una de las afectadas detalló que Du Boulay no se ha presentado en el conjunto residencial. Su representante es el segundo comandante Octavio Maximiliano Gómez, quien no acepta conversar con las mujeres sino con los militares activos o de baja. A ellos les habría enviado el siguiente mensaje de texto:

“Respetuosamente se recuerda a todo el personal militar que se encuentra en situación irregular en las viviendas en guarnición que ya se están tomando acciones penales militares con el personal militar por lo contemplado en el articulo 570 ordinal 2 y por el delito de desobediencia contemplado en el Código de Justicia Militar vigente”

Este caso de desalojo se denunció en las sedes del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente en Naguanagua, en la secretaria de la Gobernación de Carabobo y en el Ministerio Público. En todos estos organismos se negaron a recibir la documentación, alegando que se trata de una competencia militar, según declaraciones de afectados.

El destino de estas familias es incierto. La solución que les ofrecen es trasladarlas al Parque Recreacional Sur, sede la ZODI, donde están instaladas carpas. A los niños los llevarían a refugios y a los  efectivos militares al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde.

Algunos de los habitantes que serán desalojados pertenecen a las torres Los Monjes, Los Frailes, La Tortuga y las popularmente llamadas “las casitas”.

Orden de desalojo (Foto cortesía)
Orden de captura (foto cortesía)
Orden de captura (foto cortesía)



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