El opositor ruso Ildar Dadin ha sido trasladado a una cárcel en Siberia tras denunciar torturas en la prisión en la que se encontraba internado en la región de Karelia (noroeste de Rusia), según informó la defensora del pueblo ruso, Tatiana Moskalkova.
«La IK-5 de Altái es considerada una de las mejores prisiones. Nunca ha recibido críticas por parte de los defensores de los derechos humanos», dijo Moskalkova a la agencia Interfax.
En relación a la ausencia de noticias sobre el paradero de Dadin, condenado a dos años y medio de prisión por violar la ley sobre manifestaciones, explicó que la travesía en tren a su nuevo destino se prolongó más de lo previsto debido a las fiestas navideñas.
En cuanto a su traslado a una cárcel que se encuentra a 3.000 kilómetros de Moscú, admitió que en estos momentos no existe una ley que garantice el acercamiento de los presos a los lugares de residencia de sus familiares, por lo que lo planteará ante la Duma o cámara de diputados.
«A día de hoy no hay fundamento legal. La lejanía causa dificultades a los familiares. Es caro desplazarse y además lleva tiempo», admitió.
La esposa de Dadin, Anastasia, aseguró que su marido, que estuvo durante casi un mes en una cárcel de paso en Tiumén (Siberia), se encuentra bien de salud y animado con su nuevo destino.
A través de su abogado, el opositor denunció a principios de noviembre haber sido víctima de varias palizas por parte de los funcionarios de prisiones, lo que incluyó el meterle la cabeza en la taza del váter y amenazas de muerte y sodomía.
Los servicios penitenciarios rechazaron inmediatamente las denuncias de torturas y alegaron que «como resultado de la revisión médica a la que fue sometido, el estado de Dadin ha sido considerado satisfactorio».
No obstante, las autoridades rusas decidieron trasladar al opositor después de que éste relatara en detalle las torturas a Moskalkova y de que el Kremlin dijera que se tomaba muy en serio las denuncias.
Dadin es el único opositor que ha sido condenado a pena de cárcel en virtud del artículo del código penal 212.1, que establece que la cuarta falta administrativa cometida en un plazo de 180 días se castiga con pena de prisión.
La oposición extraparlamentaria rusa, que acusa al presidente, Vladímir Putin, de restringir la libertad de manifestación desde que regresara al Kremlin en 2012, considera ese artículo «anticonstitucional».
