Las continuas interferencias del Gobierno de Venezuela en sus operaciones, que impiden ejercer el control sobre el negocio de Smurfit Kappa Cartón, obligaron a la empresa a desconsolidar sus operaciones en el país, una acción por la cual no descartan el inicio de procedimientos arbitrales internacionales.
En un comunicado fechado este 24 de septiembre, Smurfit Kappa Group plc detalló que a raíz de la toma de su planta en Valencia, por 90 días, se les hace imposible garantizar los estándares comerciales y éticos con los cuales han trabajado desde hace 80 años en Venezuela.
El 28 de agosto la empresa recibió la notificación de ocupación temporal. Ante la imposibilidad de seguir trabajando en base a sus preceptos comerciales, la empresa notificó ese mismo día que dejaba de ser responsable del uso de sus instalaciones, maquinaria y equipo, de la seguridad de sus empleados, de las comunidades circundantes, cualquier impacto ambiental o la calidad del papel y el embalaje fabricados en las operaciones.
El hostigamiento no se hizo esperar. Visitas intempestivas de funcionarios de la dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para intimidar al personal incidieron en un aumento del ausentismo laboral. Se sumó la detención arbitraria de dos empleados de la compañía, por cuya liberación la empresa hace diligencias.
Por estas razones, el grupo Smurfit Kappa reservó sus derechos por las actuaciones presentes y futuras del gobierno contra la empresa, según el derecho venezolano e internacional, que incluye el derecho de iniciar procedimientos arbitrales internacionales para proteger los intereses de sus grupos y buscar una compensación por la ilegalidad de las medidas en Venezuela.
Comunicado: Desconsolidación de operaciones venezolanas
Smurfit Kappa Group plc y una subsidiaria de propiedad absoluta Smurfit Holdings BV (en conjunto, ‘SKG’) confirman que debido a las continuas acciones e interferencias del Gobierno de Venezuela, SKG ya no puede ejercer control sobre el negocio de Smurfit Kappa Carton. de Venezuela (‘SKCV’ o ‘la Compañía’) en Venezuela.
SKCV ha proporcionado bienes y servicios a sus clientes en Venezuela durante casi 65 años, dando empleo hoy a casi 1,600 empleados directos y generando más empleo indirectamente. Durante ese tiempo, la Compañía ha operado con los más altos estándares comerciales y éticos, ha invertido cantidades significativas de capital en su negocio, ha desarrollado un programa altamente progresivo de Responsabilidad Social Corporativa y ha dedicado importantes recursos y apoyo financiero a la educación y salud de los miembros menos privilegiados de las comunidades en las que opera la Compañía. Hace tres semanas, nueve de los diez sindicatos de la compañía confirmaron su apoyo y deseo de continuar trabajando con SKCV como resultado de sus buenas prácticas laborales y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.
SKG informó anteriormente que el Gobierno de Venezuela tomó el control temporal de la Compañía de conformidad con una orden que fue notificada el 28 de agosto de 2018 (‘la Orden de Ocupación’). Tras recibir la orden de ocupación, SKG confirmó que era imposible que SKCV gestionara sus asuntos de una manera que cumpliera con sus estándares comerciales normales y confirmó que, a partir del 28 de agosto de 2018, SKCV ya no era responsable del uso de sus instalaciones, maquinaria y equipo, la seguridad de sus empleados, la de las comunidades circundantes, cualquier impacto ambiental o la calidad del papel y el embalaje fabricados en las operaciones.
Desde la notificación de la Orden de Ocupación, la Compañía ha sido objeto de interferencia del Gobierno, incluso mediante el hostigamiento arbitrario de sus empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (o DGCIM) a través de visitas no autorizadas que tienen el efecto de intimidar a la fuerza de trabajo de la Compañía que resulta en aumento del ausentismo Además, el Gobierno de Venezuela ha arrestado arbitrariamente a dos de los empleados de la Compañía, cuya liberación inmediata y completa se busca activamente a través de todos los medios disponibles.
A la luz de estas circunstancias, y con el fin de proteger los intereses de sus grupos de interés y mitigar los riesgos operativos, SKG ha notificado al Gobierno que la responsabilidad total de las operaciones de la Compañía y el cumplimiento de todas las reglamentaciones aplicables han pasado al Estado venezolano desde la fecha del notificación de la orden de ocupación, a saber, desde el 28 de agosto de 2018.
SKG y SKCV reservan todos sus derechos con respecto a las acciones del Gobierno venezolano y cualquier medida estatal posterior según el derecho venezolano e internacional, incluido, entre otros, el derecho a iniciar procedimientos arbitrales internacionales para proteger los intereses de sus grupos de interés y buscar una compensación por la ilegalidad de las medidas en Venezuela.
Como consecuencia de la pérdida de control sobre SKCV, el Grupo desconsolidará sus operaciones en Venezuela en el tercer trimestre de 2018, lo que resultará en una amortización de los activos netos de aproximadamente € 60 millones para el Grupo. Como se señaló en los resultados de medio año del Grupo en 2018, SKCV representó menos del 1% del EBITDA del Grupo en los primeros seis meses de 2018.
