Amnistía Internacional (AI) responsabilizó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las ejecuciones selectivas de manifestantes que según la organización se registraron el mes pasado en el marco de las protestas antigubernamentales.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, presentó este miércoles en Caracas los resultados de una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela, en la que encontraron testimonios que hablan sobre detenciones arbitrarias, abusos policiales, acciones extrajudiciales entre otras irregularidades.
El informe concluye que fuerzas de seguridad venezolanas «bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana».
Entre el 21 y el 25 de enero pasado, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, «todas por herida de arma de fuego» y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, detalló Guevara.
«Autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas», subraya el informe.
AI acusa a la fuerza pública de haber manipulado las escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes.
Señala también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas y «las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de ‘guarimberos’ (manifestantes violentos) y ‘terroristas’, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte».
Por lo anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país.
Advirtió, además, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
