El juez argentino Claudio Bonadio, que investiga a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en varias causas por presunta corrupción pidió este lunes investigar su contrato con la editorial por su biografía «Sinceramente», informaron a Efe fuentes cercanas a la exmandataria.

Según indicaron a Efe las fuentes, el abogado de Fernández ya está trabajando en el asunto.

Bonadio pidió a la editorial Sudamericana, encargada del libro, que le brinde una copia en un plazo de cinco días del contrato que la política firmó sobre la obra, encabeza el ranking de libros más vendidos de la semana en algunas de las librerías más importantes del país.

«Le hago saber que en el marco de la presente causa se dispuso la inhibición general de bienes respecto de Cristina Elisabet Fernández, por lo que deberá abstenerse de realizar pagos, siendo que los mismos deberán ser puestos a disposición de este juzgado», concluye la nota recibida por la Editorial.

La exmandataria debería recibir el 10 % del total del precio de venta de cada ejemplar de la biografía.

Fernández se encuentra viajando a Argentina desde Cuba, donde se trasladó hace diez días gracias al beneplácito que recibió de los tres tribunales que sostienen causas abiertas en su contra y que debían aprobar su salida del país, para visitar a su hija Florencia Kirchner, también afectada por esas causas e ingresada en una clínica de La Habana desde finales del pasado mes.

«Sinceramente», publicado el pasado 26 de abril, realiza un recorrido por diferentes momentos de la vida de la senadora, y plasma «una mirada y una reflexión» sobre la historia reciente de su país.

Será Fernández quien se encargue de presentar el que es su primer libro el 9 de mayo próximo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El juez federal Bonadio ha imputado a la exmandataria en varias causas, y ha sido procesada judicialmente en otras dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública. EFE




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