La cancillería venezolana rechazó este viernes la transferencia a la Reserva Federal (Fed) de Nueva York de 342 millones de dólares que su banco central tenía depositados en una entidad privada de Estados Unidos.
Es un «vulgar despojo» del Departamento del Tesoro de Estados Unidos «en complicidad» con la Asamblea Nacional, que controla la oposición, denunció el canciller Jorge Arreaza en Twitter, haciéndose eco de un comunicado del Banco Central de Venezuela (BCV).
La noche del jueves, el BCV rechazó esa transferencia del saldo de una cuenta suya en el Citibank a otra, también a su nombre, en la Fed de Nueva York.
Aunque ni la entidad bancaria ni el Legislativo divulgaron el monto, el parlamentario opositor Ángel Alvarado confirmó a la AFP que se trata de 342 millones de dólares.
La transacción fue autorizada el miércoles por el Parlamento, cuya legitimidad es desconocida por el gobierno de Nicolás Maduro.
La transferencia fue dispuesta para «proteger aún más esos activos», explicó Alvarado.
Para usar estos fondos se necesita la autorización del Congreso presidido por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos.
Guaidó ha designado juntas administradoras del Banco Central y la estatal petrolera PDVSA, que son desconocidas por la justicia venezolana, de línea oficialista.
Según el Legislativo, el ente emisor está bajo control de Maduro, a quien declaró «usurpador» tras resultar reelecto en comicios denunciados como fraudulentos.
En julio de 2019, el Parlamento autorizó usar 3,5 millones de dólares de cuentas bajo control de Guaidó para la defensa legal del Estado en el exterior, administrados por un «Fondo Especial de Litigio».
Estados Unidos, su mayor aliado, le ha entregado el control de Citgo, filial de PDVSA en ese país y mayor posesión de Venezuela en el extranjero, y congeló en agosto pasado los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.
Sumido en la peor crisis económica de su historia moderna, el país petrolero enfrenta varias demandas en tribunales internacionales derivadas de incumplimientos en el pago de su deuda externa, estimada en unos 140 mil millones de dólares
