La directora ejecutiva del instituto Casla, Tamara Suju, presentó su informe anual sobre Derechos Humanos en Venezuela en el que denuncia nuevas formas de torturas practicadas por la administración de Nicolás Maduro, al que acusó de intentar engañar al mundo haciendo creer que no ha habido delitos de lesa humanidad sistemáticos sino supuestos “excesos” policiales aislados.
En compañía del expresidente español Felipe González, la activista denunció, además, complicidad del Gobierno cubano en las vulneraciones de Derechos Humanos en el país. Según la ONG, los oficiales cubanos se ocupan sobre todo de adoctrinar y de impartir cursos «indicando hasta qué punto tienen que llegar», dónde está el límite entre la vida y la muerte.
Métodos de tortura
El instituto ha denunciado en reiteradas oportunidades el uso de nuevos métodos de tortura como azotes con cabilla (barra de metal) y cables de electricidad, sujetar a la víctima a un punto fijo de manera que si intenta sentarse se asfixie, sumergirla desnuda en un pozo helado, introducir una cuchara en la nariz y en las orejas, uso de sustancias que causan quemaduras, inyecciones que producen alucinaciones y colocar una pistola dentro de la boca.
En ocasiones, los maltratadores llevan a cabo juegos de guerra y simulacros de fusilamiento o juegan a la ruleta rusa con las víctimas, «mientras los demás funcionarios observan sonrientes».
Previos informes
En marzo pasado, el Instituto emitió su informe “Licencia para matar” en el que contabilizó al menos 55 personas, 32 civiles y 23 militares, clasificados a su vez en 43 hombres, 10 mujeres y dos menores, como víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y/o psicológicas, torturas blancas y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante 2021 en Venezuela.
Los calificó, de hecho, como actos «de represión sistemática por motivos políticos que ejecutó el Estado venezolano» en 2021.
El Instituto Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, calcula que hay muchas más víctimas. Una de ellas, afirma el organismo, denunció haber sido detenida junto a una treintena de personas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Con información de NTN24 y AFP.
