El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta, detalló que, durante 2022, el sector registró una cantidad estable de operaciones y ventas, e indicadores positivos en algunas ciudades del país después de cuatro años, como Caracas, Barquisimeto y Valencia, publica Banca y Negocios.
Específicamente en locales a puerta de calle hubo un crecimiento de 23%, también los centros comerciales empiezan a recuperar su ocupación, e incluso hay nuevos proyectos que se van a ejecutar durante el año 2023. Los precios, tanto el alquiler como en ventas, se han mantenido relativamente estables a escala nacional, pero sí hay leves aumentos en algunas urbanizaciones de las principales ciudades del país, señaló Orta.
Orta indicó, además, que el sector sigue esperando por cambios concretos; uno de ellos, la revisión, junto con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y la Vicepresidencia de la República, de la política de cobro de aranceles en algunos registros, a fin de que los costos sea accesibles para todos los usuarios.
Muchos registros a nivel nacional siguen calculando aranceles por fuera de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías, que tienen un máximo 2%; pero cuando van los usuarios, compradores de vivienda, vemos que ese cálculo es hasta 30% por encima, dice el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Cámara Inmobiliaria
Otro de los aspectos que deben revisarse para el año 2023 de acuerdo con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es la fijación de cánones de arrendamiento, con el objetivo de permitir acuerdos directos entre inquilinos y propietarios”
“Debido a la hiperinflación las partes se han puesto de acuerdo, han fijado sus cánones y lo que queremos es que eso se sincere y sea lo que reflejen las leyes, y que la Sunavi intervenga cuando haya conflictos entre las partes o se deba regular algún canon”, sostuvo Orta.
En el mercado de arrendamiento, el gremio inmobiliario propone que se levante un amparo vigente en el Tribunal Supremo de Justicia que impide la ejecución de desalojo de sentencia definitivamente firme.
“Solicitamos un exhorto por parte de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia para que levante ese amparo y se puedan ejecutar cerca de 2 mil 500 medidas judiciales que ya tienen sentencia definitivamente firme, apunta Orta.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta, agregó que queda pendiente, para 2023, la creación de un nuevo plan, junto la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), para revisar las políticas inquilinarias de esta institución y espera que este proceso venga acompañado de una modificación de la Ley de Arrendamientos y Viviendas.
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