El secretario de la Universidad de Carabobo (UC), Pablo
Aure, desestimó las inhabilitaciones que han sido aplicadas a tres dirigentes de
oposición, al recordar el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el que se
establece que estas medidas solo podrán ser ejecutadas por un tribunal, y no por vía administrativa.
El artículo 42 de la Constitución reza: «Quien pierda o
renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía
o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia
judicial firme en los casos que determine la ley.»
El profesor de la UC además recordó que en ninguno de los
casos, ni Pablo Pérez, ni María Corina Machado, ni Enzo Scarano, tuvieron los
derechos consagrados en el artículo 49 de la carta magna, que establece el
debido proceso a aplicar en actuaciones judiciales y administrativas, como el
derecho a la defensa o la garantía de ser escuchados.
Aure colocó como ejemplo la notificación enviada a los
funcionarios públicos para realizar la declaración jurada anual, misiva misma
que indica que de no hacerla, el empleado deberá pagar un multa en unidades
tributarias, pero no con inhabilitación.
Para el dirigente carabobeño, realizar estas actuaciones por
esos motivos significa una «actitud cínica» que busca desmoralizar a
la oposición de cara a las elecciones parlamentarias del proximo 6 de
diciembre. (VA)
