EFE
La
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció que el Gobierno venezolano en
las últimas semana realizó ataques contra defensores de los derechos humanos y
cualquiera que realice acciones consideradas de oposición política o social en el país.
La
reputada organización, que vela por el respeto de la independencia judicial a
nivel internacional, presentó un informe sobre Venezuela en Ginebra, titulado «El
ocaso del Estado de Derecho».
Dicho
informe afirma que la nación está presenta una “vertiginosa degradación de los
derechos humanos y un grave y sistemático menoscabo de la independencia e
imparcialidad del Poder Judicial».
Ante el
irrespeto a los derechos humanos y judiciales, la organización instó a la
comunidad internacional a defender los derechos.
A juicio de la CIJ, Venezuela carece de independencia
de la judicatura, y responsabiliza por ello a la inexistencia de estabilidad en
sus puestos para la gran mayoría de jueces y para prácticamente todos los
fiscales.
De la misma manera, la falta
de garantías para que los defensores de los derechos humanos cumplan con su
misión, así como para los abogados en algunos casos, son factores que influyen
en la problemática justiciera del país.
La
consecuencia, señala la organización, son los «altísimos niveles de
impunidad judicial en los casos de violaciones de los derechos humanos y de las
víctima de delitos comunes».
Enfatiza que, en cambio, los juicios, las medidas cautelares restrictivas y las
condenas se dictan «con inusual prontitud» contra líderes sociales y
opositores al gobierno.
Considera que los casos más representativos de esta situación son la reapertura
del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni y la detención preventiva
para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche.
También la orden de captura contra los directivos y
miembros de los consejos editoriales de «El Nacional», «Tal
Cual» y «La Patilla», así como la condena de Leopoldo López a
casi 14 años de prisión.
