EFE
Los 28 diputados opositores que fueron
destituidos este viernes por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de
Nicaragua, controlada por los sandinistas, calificaron
la medida como un golpe de Estado al Poder Legislativo.
«La destitución masiva de los diputados de oposición constituye un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua y con
ella el régimen de Daniel Ortega está dando un golpe de Estado al Poder
Legislativo», denunciaron los diputados destituidos en un pronunciamiento leído
por quien era su jefe de bancada, Wilber López.
Según los 28 diputados, entre ellos 16 propietarios y 12 suplentes, la decisión
del Consejo Supremo Electoral (CSE), avalada por la directiva parlamentaria, demuestra desprecio por el voto ciudadano que
los eligió y destruye la ya debilitada democracia representativa en Nicaragua
al cerrar el último espacio institucional para la oposición.
«La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del
último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho
porque violenta todos los procedimientos
legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense«,
señalaron.
Los diputados destituidos denunciaron que con esa decisión se rompió el
principio de independencia y equilibrio de los poderes del Estado, el
pluralismo político en el Parlamento, y que se confirman intenciones de Ortega de querer imponer un sistema de
partido único en Nicaragua.
Además, consideraron particularmente
grave que ese hecho ocurra a tres meses de las elecciones presidenciales,
porque, indicaron, tiene un claro propósito intimidatorio a los ciudadanos que
adversan al régimen sandinista.
Asimismo, instaron a la comunidad
internacional a abordar con urgencia la situación de la democracia y el Estado
de Derecho de Nicaragua, y adoptar acciones orientadas a la restitución de
elecciones libres y participativas, y la inmediata restitución de los
legisladores removidos de sus cargos.
La Junta Directiva del Parlamento acordó este viernes destituir a 28 diputados
opositores pese a que se habían declarado independientes para tratar de
evitarlo.
Los diputados, entre ellos el coordinador de la principal agrupación opositora,
la Coalición Nacional por la Democracia, Eduardo Montealegre, fueron destituidos
de sus escaños por una resolución del CSE.
Los 28 diputados pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta mayo
pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal
de este partido a Montealegre y se la dio a Pedro Reyes, considerado por la
oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi
nula.
Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el
Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo
representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.
Para evitar su salida ante la solicitud de Reyes, los congresistas en cuestión se declararon independientes.
Tanto el Poder Electoral como los legisladores sandinistas en la Junta
Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece
que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los
diputados.
Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados propietarios de
la Asamblea Nacional en noviembre de 2011, donde eran la segunda fuerza
política después del oficialismo.
La situación se da a menos de tres meses de las elecciones generales del 6 de
noviembre, en las que el presidente Ortega buscará una nueva reelección, sin la
participación de la coalición que lideraba el PLI, que decidió retirarse tras
el dictamen de la CSJ.
