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Alfredo Fermín

De acuerdo con la Constitución ¿qué puede hacer El Carabobeño ante la discriminación en que lo tiene el Complejo Editorial Alfredo Maneiro negándole el papel periódico?

Esta es una de las preguntas respondidas por Pedro Rondón Haaz, quien fue magistrado de la Sala Constitucional desde el año 2000 hasta el 2010, cuando fue jubilado, durante la presente entrevista que le solicitamos tomando en cuenta que fue consultor jurídico de este diario. 

-Mi solidaridad con El Carabobeño- respondió- en su lucha y su afán de sobrevivir como medio de comunicación que forma parte de la cultura nacional. La actitud en su contra, por parte del Gobierno nacional, es discriminatoria e inconstitucional. 

La Sala Constitucional ha aclarado -muy bien- que se entiende por discriminación un trato desigual entre iguales. En este caso se materializa porque a El Carabobeño no le dan papel periódico mientras que a otras empresas sí se lo dan. 

El Carabobeño debería consignar una petición, por discriminación, de amparo constitucional ante el 

Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con las denuncias que, ha hecho este diario, son muchas las normas que se han violado. La empresa ha dirigido cartas a Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que no han tenido respuestas, por lo cual se ha violado la norma constitucional del derecho de petición. 

El ciudadano tiene derecho a plantear problemas que le competen a entes públicos, los cuales están obligados a la oportuna y adecuada respuesta en un lapso de quince días. 

El Carabobeño tiene todo el derecho de recibir una adecuada respuesta, porque hay una evidente discriminación cuando a unas empresas se les dota de papel y, a este diario, emblema del periodismo nacional, se le niega. Hay muchas sentencias sobre adecuada respuesta, por lo cual se ha incurrido en violación de normas constitucionales. 

El doctor Rondón Haaz también fue consultado sobre las perspectivas del país después de los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 

-No habiendo tenido activismo político sino docente y magistrado, puedo afirmar que el panorama político después de los resultados electorales del 6 de diciembre es muy borrascoso por la actitud del Presidente de la República, que plantea que hubo un fraude. Es algo increíble porque el proceso, fue inspeccionado por el Consejo Nacional Electoral que está controlado por el Gobierno. Se está afirmando que hubo un autofraude. Es una cosa difícil de concebir y de comprender.

-¿Está incurriendo en desacato el presidente Maduro?

-Es una actitud de desacato. Por eso veo que viene una tormenta nacional. Me ha llamado la atención una declaración de Hermann Escarrá, quien propone un pacto de Estado. Es muy propio del Gobierno cambiarle el nombre a las cosas, para dar la impresión de que es algo nuevo. Lo que está proponiendo Escarrá es el diálogo. Eso lo han hecho la Iglesia, el Papa, los partidos, la MUD y las ONG. 

El doctor Escarrá está en plan de generar un vacío en el sector del oficialismo. Ha tomado presencia y está opinando con frecuencia aprovechando la facilidad que le dan los medios públicos. Pero si el Gobierno se mantiene en la posición de insinuar otras cosas, creo que estamos frente a una situación perjudicial para el interés venezolano. 

-¿Es una prioridad, para la nueva Asamblea Nacional, la aprobación de una Ley de Amnistía?

-La Asamblea Nacional tiene que retomar su principal función: legislar y lograr el diálogo político. Creo que para la salud nacional es buena una ley de Amnistía, que no tiene nada que ver con otras cosas planteadas por allí. Eso está dentro de las competencias parlamentarias. Pero no debe confundirse la amnistía con el indulto que es competencia presidencial. 

La amnistía es un proceso legislativo por el cual se le resta punibilidad a trámites judiciales en curso, no sentenciados. En cambio, el indulto, como competencia presidencial, extingue una pena ya impuesta. Un ciudadano puede haber sido condenado a 20 años de prisión pero, si el Presidente decide indultarlo, puede recuperar su libertad .En Venezuela hay más de 60 presos políticos que no han sido condenados, por lo cual pueden ser casos para una ley de Amnistía. 

-¿También tiene prioridad la reforma a la ley del Banco Central?

-Hay que retomar el tema de la autonomía del Banco Central. La ley fue reformada durante el proceso chavista y se le sustrajo autonomía a la institución, lo cual arrancó con el caso del millardito y ha continuado con la emisión de dinero inorgánico. Eso debe tomarlo en cuenta la Asamblea Nacional a la que se están incorporando técnicos muy buenos en esa materia. 

-¿Y la Ley del Trabajo?

-Esa ley hay que revisarla porque revela las incoherencias en el manejo del país. Venezuela tiene una inflación tremenda con un récord mundial. El presidente Chávez dijo que hay que producir y lo repite Maduro. Pero si necesitamos producir, hay que trabajar más. Sin embargo, con la Ley del Trabajo se redujo el número de horas de la jornada laboral, de 45 a 40 y se aumentó el descanso semanal, por lo cual no se entiende cómo si se quiere producir más, se dispone trabajar menos. No entiendo por qué el Estado no ha provisto la fórmula sustitutiva de ese menor trabajo. Si hubiese una sustitución tecnológica se podría justificar, pero eso no está planteado o lo desconocemos. 

La ley estableció, en clara competencia con los sindicatos, el consejo de trabajadores que no se ha desarrollado porque la ley no se ha dictado. Esa ley está destinada a defenestrar la fortaleza sindical, porque el Gobierno no las ha tenido todas con los trabajadores, como no las ha tenido con el movimiento estudiantil. 

El tema salarial es importante regular porque, en la reforma que hizo Chávez, se incluyeron como salarios conceptos que antes no lo eran. Los patronos no tenían temor de darlos porque, como no eran salarios, no tenían incidencia en las prestaciones, en los pasivos laborales. Cuando se hace la reforma y se crea la figura del salario integral, se sacan, de lo no salarial, una serie de prestaciones y las meten en lo salarial. Ocurrió que, por la situación, los patronos tienen que dejar de darlos, porque eso repercute en los estados financieros. Además, en la reforma de la Ley del Trabajo hay una serie de dislates, incluso en cuanto a la redacción. 

-¿Qué opina usted del parlamento comunal juramentado por Diosdado Cabello?

-Eso no existe en la Constitución por lo cual es una inconstitucionalidad. En 2010, Gerardo Blyde introdujo una demanda de inconstitucionalidad de esa ley a la cual no se le dio el trámite, quizás porque es evidente su improcedencia.




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