Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
Venezuela tiene una oportunidad de lujo. En un mes el
Ejecutivo podrá exponer ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra,
durante el Examen Periódico de los Derechos Humanos su balance. Pero las
estadísticas están siendo maquilladas. Al menos eso queda en evidencia en
los reportes que ha publicado el Ministerio Público en su página web con
respecto a los hechos ocurridos durante las protestas de calle de febrero y
marzo de 2014.
“Se señalan datos falsos”, aseguró el abogado defensor
de varios presos políticos, Eliécer Jiménez. Se refirió a casos puntuales como el
asesinato de Guillermo Sánchez, en la urbanización La Isabelica el 12 de marzo
de 2014, que según la Fiscalía fue resuelto y los autores del crimen están
condenados. “Señora Luisa Ortega Díaz, señora Fiscal Superior de Carabobo,
esto es falso. Por el homicidio de Guillermo Sánchez no hay nadie condenado, no
hay nadie detenido. Lo que hay es impunidad”.
El capitán de la Guardia Nacional, Ramzor Bracho
Bracho, también murió el mismo día durante una manifestación en El Trigal. Un
año después se detuvo al estudiante Antonio Garbi sin que hayan demostrado su
culpabilidad, y fue trasladado a la cárcel de Tocuyito. Ahí está pese a que el
proceso al que ha sido sometido ha estado lleno de vicios, con expedientes y
experticias en blanco. Su madre, Carmen González, dijo que la aprehensión
se dio porque su hijo simplemente cumple con el perfil. “Él ha sido
abiertamente opositor porque además a mi esposo lo secuestraron en 2008 y aún
no ha aparecido”.
El trofeo del Gobierno
Jiménez también es abogado defensor de Carlos Ramos,
funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
(Cicpc), detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
de Naguanagua, acusado de haber asesinado al estudiante Jesús Acosta, el 12 de
marzo de 2014 en La Isabelica. Pero el uniformado es considerado otro preso
político. “Así consta en el expediente, inclusive los familiares de Jesús
Acosta han señalado al tribunal con documento consignado de que ellos saben que
Ramos es inocente. En este caso hay retrasos por parte del Ministerio
Público porque los fiscales no van a las audiencias”.
Heberlizeth González es la esposa de Ramos. Recordó
que ya son dos años y medio lo que está separado de ella y sus hijos solo por
“algún capricho ordenado por un alto representante del Gobierno. No existen
pruebas ni ningún vínculo que relacione a Carlos con el hecho”. El día del
suceso el funcionario estaba en su casa a más de kilómetro y medio de donde
ocurrió el asesinato de Acosta. Las pruebas de balística y planimetría
determinaron que no tuvo ninguna participación y las balas encontradas en La
Isabelica no provenían del arma de Ramos.
El abogado alertó que el Gobierno quiso involucrar al
funcionario para hacerlo parte de las estadísticas. “Es
una manera de hacer ver que la justicia en el país hace su trabajo. Carlos
Ramos es el trofeo del Gobierno”.
La solicitud es al Ministerio Público para que
rectifique esos números que publicó en su página en febrero de 2016.
LA MENTIRA DE LOS GUARDIAS
A Rosa Orozco todos la conocen. Saben que es la mamá
de la estudiante Geraldine Moreno, asesinada durante las protestas en la
urbanización Tazajal en Naguanagua. Ella quiere que se siente un precedente en
el país con el caso de su hija. Ya por el caso hay dos funcionarios de la
Guardia Nacional (GN) enjuiciados: Alvin Bonilla y Francisco Barroso, y el
proceso avanza hacia las conclusiones para que se dé la sentencia. Además hay
otros dos militares con medidas cautelares para privativa de libertad que son
Franklin García y Paola Barroso.
Durante el juicio que ya cuenta 33 meses, Bonilla
declaró que al menos 20 funcionarios de la GN habían mentido. “Dijo que lo
hicieron para taparse los unos a los otros”. Por eso pide que sean investigados
todos los involucrados en el hecho. “Más nunca deben suceder estos hechos, que
ningún guardia vuelva a levantar un arma hacia un muchacho venezolano”.
Desde las protestas de 2014 hasta junio de 2016 han
ocurrido seis mil 400 detenciones arbitrarias,
según las cifras del Foro Penal Venezolano. Desde la mediación del expresidente
de España José Luis Rodríguez Zapatero, ha crecido el número de presos
políticos de 90 a 101. El diálogo no ha funcionado.
