Su capacidad física llegó al límite, ha sido rebasada. En el Internado Judicial de Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, hay dos mil 200 reclusos por encima de lo que debería albergar. La cárcel fue construida para mantener a 800 personas tras las rejas y el registro actual es de tres mil. Esto indica un hacinamiento de 375% que no ha sido atendido por las autoridades.
Los números nacionales son similares. Hay 36 centros carcelarios en el país con 58 mil reclusos en espacios que solo tienen la capacidad para 28 mil presos. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, alertó que el límite en el país se ha superado en 130%, sin contar los 18 mil internos que se mantienen en policías municipales y estadales.
Desde el Ejecutivo se ha anunciado con orgullo el cierre de penales como La Planta, el de Los Teques y Coro, y se han construido El Rodeo 3, Yare 3, un centro en Coro y un anexo en Santa Ana. “La capacidad no ha sido aumentada”.
Prado indicó que se requiere de reformas legales para reducir el hacinamiento. Se debe implementar un conjunto de medidas para que el sistema penitenciario cambie su ritmo como la descentralización que establece el artículo 272 de la Constitución, para que las cárceles les sean entregadas a las gobernaciones y que en seis meses prepare a su personal académicamente con combinación de lo teórico con la práctica para que asuman las riendas de las cárceles con un mejor presupuesto.
Actualmente solo 11 bolívares por recluso para la alimentación de un día es enviado, mientras que Estados Unidos cuenta con 34 dólares diarios, Colombia 20 dólares, Europa 59 euros, y Venezuela solo medio dólar diario.
La semana que viene se tiene prevista una reunión con la comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la AN para presentarle el plan de descentralización del sistema penitenciario con una estrategia de trabajo.
Ministra a interpelación
Los cambios deben darse en el fondo. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ente encargado de la seguridad externa de los penales, debe salir de los centros de reclusión. “Cuando uno ve presos con fusiles es inevitable preguntarse cómo alguien los ingresó sin que la GNB se diera cuenta. Se debe establecer a un único organismo para la seguridad interna y externa y evitar así el peloteo de responsabilidades”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones pide que el Ministerio Público haga una investigación exhaustiva para conocer cómo entran las armas a los penales. “Incluso la ministra debe ser interpelada por al AN junto a los comandantes militares acantonados en las cárceles, ante los graves eventos que se han presentado”.
Para Prado es evidente el fracaso de Iris Varela como jefa de la cartera ministerial. “En el ministerio debe estar una persona con experticia y no alguien que se tome fotos con pranes. Que entregue certificados de estudios aprobados a los reclusos y no que se haga amiga de los reos”.
Varela Indignada
La ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, dijo sentirse “indignada” por “el escándalo” que hizo la oposición en la Asamblea Nacional al pedir que se investigue el hecho de que los presos de la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita portaran armas de guerra.
Varela expresó que la oposición “parece que estuviera descubriendo el agua tibia” pues el hecho de que los presos posean armas “no es nada nuevo”. (DB)
