Un grupo de ex magistrados y juristas, decidió impugnar ante el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional a los 382 aspirantes a 13 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que la bancada oficialista pretende cambiar con mayoría simple el 23 de diciembre antes de que se renueve el Hemiciclo.
Los motivos de las impugnaciones son las irregularidades en el procedimiento de postulaciones, la ausencia de información sobre las aptitudes de los aspirantes y el fraude constitucional, pues los juristas consideran que la intención del Parlamento es cubrir los cargos (algunos no vencidos) con ciudadanos con vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo.
Entre los abogados denunciantes, se encuentran Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano.
Los juristas también afirmaron que la convocatoria es extemporánea, pues la Ley Orgánica del TSJ señala que el trámite de preselección no puede ser mayor a 30 días que ya vencieron, por lo que, afirman, queda sin efecto el proceso. De igual manera rechazan que en la lista de postulados, no se aclare cuántos y cuáles son los cargos que serán reemplazados lo que viola el principio de publicidad del proceso.
Aseguran que tampoco se ha podido demostrar si han ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, si tienen un título universitario con posgrado en materia jurídica, o si han sido profesores universitarios en Ciencias Jurídicas durante un mínimo de 15 años, con categoría de titular.
La ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León aseguró que el oficialismo no solo atropella la Constitución al pretender designar de forma violenta a 13 magistrados, sino al instalar un Parlamento Comunal que busca usurpar funciones y que, aseguró, no está en la carta magna. “Eso no está en la Constitución y, por ende, apenas la nueva Asamblea tome posesión se puede dejar sin efecto”, afirmó.
El Colegio de Abogados de Carabobo también impugnará el procedimiento de designación de magistrados. El abogado Enrique Romero dijo que el proceso está absolutamente viciado, pues la AN aprovechó la misma convocatoria que hizo a finales de 2014 para continuarla este año. “Deben ser dos distintas”, aclaró.
Con información de El Nacional
