Luisa Quintero | lquintero@el-carabobeno.com
La sentencia de inhabilitación contra el ex alcalde del
municipio San Diego resultó confusa para su aplicación. La medida se hizo
pública sin una explicación, y luego se promulgó la sentencia escrita. «En
el país, las leyes se interpretan y utilizan a conveniencia del organismo de
justicia», afirmó Enzo Scarano.
«El Tribunal Supremo de Justicia mantiene la medida
condenatoria pero luego se dedica a investigar si existieron verdaderas causas
para inhabilitarme políticamente», indicó el ex alcalde. Según la
Contraloría General de la República se incurrió en un delito al no publicar a
tiempo la declaración jurada de patrimonio pero con unos lapsos que no
corresponden a la realidad.
Scarano sentenció que seguirá utilizando todas las acciones
legales posibles en las leyes venezolanas para hacer justicia en su caso. Si no
hay una respuesta dentro del marco legal se introducirán recursos ante
organismos internacionales para restituir mis derechos ciudadanos, políticos y
del trabajo.
Estas arremetidas políticas buscan eliminar a sus
adversarios por medio de instituciones serviciales, destacó Scarano. Para esta
semana, se espera que el Contralor General de la República emita un
pronunciamiento sobre la medida de apelación que se introdujo para revertir la
inhabilitación política por 12 meses.
En la sentencia número 1017 (del 13 de agosto pasado) de la
Sala Político Administrativa del TSJ, la magistrada Evelyn Marrero acordó a
través de la instancia, revisar la medida de inhabilitación que dictó la CGR
contra Scarano. En el fallo, se especifica que no se encontraron elementos que
hicieran presumir que la medida contra el opositor violó sus derechos a la defensa, políticos, debido proceso y presunción de
inocencia por lo que se mantiene la inhabilitación durante la investigación.
