Foto EFE

Cerca de 12 mil militares se encuentran desplegados en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, cuyos habitantes están sitiados por la guerra declarada entre las guerrillas del ELN y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico, informó hoy el vicepresidente Óscar Naranjo.

“Hay un despliegue militar de cerca de 12.000 efectivos en la región, así como medidas concretas como un corredor humanitario, caravanas de seguridad al transporte y las áreas urbanas de los municipios cuentan con presencia policial y militar”, comentó a periodistas Naranjo, general retirado de la Policía, tras llegar a Ocaña, la principal ciudad de la zona, para supervisar la situación.

En opinión de Naranjo, con esta presencia confía en que se “rescate la confianza de los ciudadanos” al lanzar una “señal inequívoca de que no se va a permitir que los delincuentes mortifiquen y victimicen a los habitantes”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal, iniciaron hace más de un mes los combates en el selvático Catatumbo, que forma parte del departamento de Norte de Santander.

Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL han provocado, según señaló el viernes la oficina de la ONU en Colombia, el desplazamiento de 2.819 personas y que otras 144.000 sufren “graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad”.

El problema se ha agravado por el “paro armado” decretado el 15 de abril por el EPL, con el que han restringido mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

Del Catatumbo forman parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, aunque en algunos documentos oficiales se incluye también a Ocaña y Ábrego, para una población que total que ronda las 250.000 personas.

Ante la complicada situación, hoy llegó a Ocaña, una “delegación amplia del Gobierno nacional” que espera sentarse “en un esfuerzo donde la energía de los municipios” de la zona, el Gobierno nacional y el departamental pongan “todo lo que esté” a su alcance “para dar certeza y tranquilidad a los miles de habitantes de esta región”, detalló Naranjo.

Por ello, Naranjo, que viajó en compañía del ministro de Interior, Guillermo Rivera, y otros funcionarios, aseguró que no van a “desfallecer en el avance” que considera que ha tenido el Gobierno al poner en marcha diversos proyectos para “pagar el saldo social” que tiene Colombia con el Catatumbo, uno de las regiones más pobres y abandonadas del país.

Asimismo, indicó que el Gobierno “no va a renunciar al ejercicio de la aplicación de la ley” y que la fuerza pública tendrá “control territorial integral” para garantizar la seguridad a las comunidades.

Sin embargo habitantes de la zona aseguraron hoy a Efe que aunque el Gobierno ve la situación normal desde Ocaña, que está al margen del “paro armado” la realidad es que en los demás municipios la situación no ha mejorado y el comercio sigue cerrado por miedo a represalias de los guerrilleros.

“Las personas más pobres, que viven de lo que ganan en el día a día, se están quedando sin comida porque no tienen cómo ni donde comprar”, aseguró por teléfono a Efe un vecino de Teorama que pidió no revelar su identidad.

Como parte de la labor que busca establecer el Gobierno, está llevar asistencia humanitaria, incrementar la seguridad, “avanzar en la identificación de avances de proyectos”, así como conocer los “cuellos de botella” que obstaculizan que esos planes se pongan en marcha.

Finalmente, Naranjo fue contundente al subrayar que “el Gobierno tiene una decisión y posición que es firme y serena: estamos diciendo que por peligrosos que sean esos delincuentes, por desafiantes y provocadores que sean con la población los vamos a someter a la ley”.

Poco antes de su visita más de 2.500 kilos con ayuda humanitaria llegaron al Catatumbo tras la gestión de la Gobernación de Norte de Santander y se realizaron las primeras entregas que han beneficiado a unas 3.000 personas, detalló la Fuerza Tarea Vulcano en un comunicado.

Sin embargo, agricultores de varias veredas (aldeas) del municipio de El Carmen, aseguraron que pueden perder cerca de 600 toneladas de cebollas que ya han recogido debido al “paro armado” que les impide llevarlas hasta los puntos de venta.

En este sentido, aseguran que si el Gobierno nacional no les escucha y atiende a sus necesidades, se verían obligados a abandonar sus comunidades.

Esa extensa región selvática es una de las más convulsas del país por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes y es además una de las áreas con más cultivos de coca de Colombia. EFE




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