Al menos cinco migrantes perdieron la vida y otros 567, entre ellos 20 mujeres y 15 menores, resultaron interceptados durante la última semana cuando trataban de cruzar el Mediterráneo y devueltos a Libia pese a que éste se considera un país «no seguro», informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Entre el 31 de marzo y el 6 de abril los rescatados a bordo de embarcaciones precarias- una de ellas con 200 pasajeros- desembarcaron en los puertos de la capital así como de Azawaya (noroeste), según el último informe de este organismo dependiente de Naciones Unidas.
En lo que va de año 4 mil 358 personas- 136 de ellas menores- resultaron devueltas a Libia, 125 han fallecido y 256 han desaparecido en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas. Las cifras registradas un año antes revelan que 17 mil 190 fueron interceptadas, 962 muertos y mil 536 desaparecidos.
El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo italiano condenó al capitán de un barco que rescató a 101 personas en el Mediterráneo en 2018 y luego los entregó a una patrullera libia, lo que constituye un delito, según la sentencia, al considerar que este país «no es un puerto seguro».
Politica cuestionable, migrantes fallecidos
Esta decisión cuestiona la política migratoria de la primera ministra, Giorgia Meloni, y abre la vía a los recursos de las ONG de rescate, bloqueadas y multadas por su Gobierno por negarse a entregar a los migrantes a la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por sus vínculos con las mafias de trata de personas.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido en numerosas ocasiones facilitar las evacuaciones de la población migrante en Libia, estimada en unas 600 mil personas, y ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a «revisar urgentemente y, si es necesario, suspender los actuales acuerdos de cooperación».
En agosto pasado el Gobierno libio pidió a la comunidad internacional mayor apoyo para luchar contra la migración irregular después de firmar un acuerdo con Túnez para evacuar a centenares de migrantes subsaharianos expulsados por el país vecino hacia sus fronteras desérticas sin acceso a agua, comida ni asistencia.
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