En Venezuela la inestabilidad alcanza niveles límite y los brotes de descontento, con protestas y saqueos en varias regiones del país, aumentan a diario ante lo cual Nicolás Maduro, cada vez más alejado de la línea democrática, ha optado por meter directamente la mano en el bolsillo de las empresas privadas con el fin de garantizar sus menguados programas sociales y crear una ilusión de señorío cuando en verdad el país entero parece salirse de control.
Desde inicios de abril quedaba claro que venía una arremetida de las autoridades contra Empresas Polar, la principal compañía privada de Venezuela, que finalmente llegó encubierta bajo el manto de la lucha contra la especulación. La medida también alcanzó a Plumrose de Venezuela y al Consorcio Oleaginoso Portuguesa (COPOSA). Un fuerte golpe del régimen para mostrar control y decirle al país que con sus “medidas drásticas” se evitará que suba la inflación y se garantizará la oferta de alimentos, un discurso hueco que para los venezolanos solo vaticina lo peor: la agudización de la escasez y una carrera alcista de los precios.
De hecho, a pocas horas de que los funcionarios de Nicolás Maduro intervinieran en estas empresas del sector agroalimentario y aseguraran que el Estado comenzará a controlar la venta de sus productos, regresaron las colas de consumidores a las puertas de supermercados y abastos que operan por restricciones por la cuarentena para tratar de comprar los alimentos básicos que temen desaparecerán pronto del mercado. Así también, de inmediato, comenzaron las ventas limitadas por persona.
Para la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), estas recientes acciones de Maduro son “un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos”. La arremetida no augura nada bueno.
En el inicio de la cuarentena en Venezuela a mediados de marzo, el régimen de Nicolás Maduro dijo que escucharía al sector privado para buscar opciones para compensar el impacto de la crisis y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, las peticiones sustanciales del empresariado fueron desoídas. Al contrario, el sector quedó afectado por la parálisis general de actividades impuesta en el país para contener la expansión del coronavirus, sin acceso al crédito, con las mismas cargas impositivas y sin garantizarle lo mínimo para sostenerse: agua, electricidad y combustibles.
Más allá de estos factores que agravan las condiciones operativas de un sector privado destruido tras seis años de recesión, las autoridades decidieron retomar la práctica de financiarse con emisión monetaria dado el desplome en los ingresos, echando gasolina a la hiperinflación.
El petróleo, que es la principal fuente de ingresos de Venezuela, se vende por debajo de los 10 dólares por barril, lo que no solo no cubre los costos de producción, sino que no da margen para que el régimen de Maduro sostenga su esquema de canje de hidrocarburos por alimentos y gasolina, con el que pudo bandearse durante 2019.
Este elemento, más la escasez de divisas y la incertidumbre añadida por el factor del Covid-19 en un país con el sistema de salud destruido, terminó una escalada del dólar en las últimas semanas. En lo que va de año la paridad oficial del dólar ha experimentado una variación de 252%. La aceleración de los precios se ha dado en simultáneo y se proyecta que la tasa anual será de 15.000%.
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