La decisión del Supremo respondía a una reforma aprobada por la AN este mismo martes para el reglamento de funcionamiento del Parlamento y que permite votar a los diputados que están fuera de Venezuela «por motivos de persecución política u otra de fuerza mayor», una situación en la que se encuentran varios de los legisladores.
Frente a ello, el TSJ consideró que la Constitución venezolana establece que los «diputados a la Asamblea están obligados a cumplir sus labores de dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y mantener una vinculación permanente con sus electores», algo que considera imposible si los parlamentarios están en el exterior.
UNA DECISIÓN «ÍRRITA»
«El ilegítimo TSJ publicó una írrita sentencia mediante la cual pretende anular la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates de la legítima Asamblea Nacional aprobada en sesión extraordinaria del pasado martes», aseguró en respuesta la AN.
Para la Cámara, la Sala Constitucional del TSJ pretende «desconocer la competencia constitucional que tiene de manera exclusiva la Asamblea Nacional para dictar sus propias normas de funcionamiento».
Para el Parlamento, la reforma aprobada «tiene su causa en la persecución que desde ese mismo TSJ se ha emprendido contra ya más de 30 diputados electos soberanamente».
«Mediante juicios nulos e inconstitucionales que violan la inmunidad parlamentaria, el ilegítimo TSJ -como brazo ejecutor de la represión del régimen- persigue, enjuicia, detiene u obliga a diputados principales al exilio, para que no puedan ejercer la representación que el pueblo venezolano les dio», agrega el comunicado de la AN.
LA OPERACIÓN ALACRÁN
Además, subraya que la decisión es una «artimaña» que «va de la mano con la compra de las conciencias de algunos diputados que han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador».
Según desvelan, los diputados José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez, así como los suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña han vendido su voto en lo que denominan «Operación Alacrán», por lo que consideran que han traicionado «la causa de la libertad» de Venezuela y su pueblo.
«Esta lucha ha dejado muertos, presos, exiliados y perseguidos del régimen. Han traicionado así la confianza que con su voto les depositaron los venezolanos en la última elección libre que tuvo nuestro país, la de nuestra legítima Asamblea Nacional», afirma el mensaje.
ACUSACIONES CRUZADAS
Noriega, que ya fue expulsado de Voluntad Popular, el partido que lideran los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, fue uno de los diputados que acudieron al TSJ a denunciar la decisión tomada por la AN.
Precisamente, el diputado denunció este viernes a Guaidó, presidente de la AN que además es reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países, de corrupción y de ser un «dictador» dentro de la formación.
«En la dictadura de Guaidó (…) disentir se considera un delito, un acto de traición», dijo Noriega al leer un comunicado ante periodistas, si bien se negó a responder ninguna pregunta.
Uno de los riesgos que sobrevuelan en caso de que los diputados no puedan votar de forma virtual es que el presidente de la AN, Juan Guaidó, cuyo mandato debe ser renovado el 5 de enero, no obtenga los votos suficientes para continuar ejerciendo el cargo.
LA PELEA POR LA LEGITIMIDAD
Sustentado sobre la interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana, Guaidó ha tenido durante 2019 un duro pulso con el presidente Nicolás Maduro al anunciar que asumía la presidencia interina del país en enero, cargo en el que ha sido reconocido por más de medio centenar de países.
De ese modo, en caso de que no fuera reelegido como presidente de la AN no podría sostener su lucha con Maduro desde la misma posición de fuerza.
Dentro de esa disputa por la legitimidad, el Parlamento no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomará el control de la cámara.
