Laura Clisánchez/Correo del Caroní
La Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní reportó que introdujo una denuncia en la Fiscalía General de Puerto Ordaz y Defensoría del Pueblo, ante los actos violentos cometidos por militantes y simpatizantes del PSUV contra quienes protestaron el pasado 7 de marzo para exigir la derogación del decreto 008-2022 sobre las altas tarifas del servicio de aseo urbano.
Tras compilar evidencia gráfica de lo sucedido ese día en la Plaza Bolívar de San Félix, la asamblea solicita a los organismos competentes su intervención y averiguación para determinar responsabilidades por las agresiones cometidas, y garantizar la no repetición de lo que consideran una violación al derecho a la protesta pacífica y libertad de expresión.
“Esto lo hacemos ante los hechos violentos ejercidos por funcionarios públicos adscritos a la Alcaldía de Caroní, y partidarios o afectos al alcalde del municipio que utilizaron la violencia para impedir que centenares de ciudadanos entregarán la solicitud de derogación del decreto 008-2022”, manifestó Simón Yegres, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos.
“Nosotros consignamos fotografías y videos que demuestran los hechos. Estamos luchando con argumentos concretos establecidos en las leyes, cálculos matemáticos y acciones ciudadanas”, agregó.
Yegres expresó que las autoridades han respondido a las solicitudes de la sociedad civil con cierres, multas, embargos y agresividad, poniendo en riesgo la integridad física de ciudadanos que están en el ejercicio legítimo de sus derechos.
La Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní ha protestado, en al menos tres ocasiones para exigir la derogación del decreto 008-2022 sobre las tarifas de aseo urbano, pues aseguran que no se corresponden con la estructura de costos de Fospuca Caroní, sino que tienen un sobreprecio de más de 535% para las empresas, y de 1.600% para residencias.
La última vez, el pasado martes 7 de marzo, militantes y simpatizantes del PSUV atacaron a los protestantes y les impidieron entregar la solicitud firmada ante la Alcaldía. Trabajadores de la prensa también fueron víctimas de agresión, toda vez que los cuerpos de seguridad presentes en el sitio no intervinieron.
Ante esto, Tito Oviedo desatendió el reclamo ciudadano y criminalizó la protesta. El burgomaestre declaró que tomaría acciones legales en contra de la Asamblea de Ciudadanos, a la que responsabilizó de violencia y daño a bienes públicos.
Recientemente el alcalde informó que el pago de las tarifas del servicio de aseo urbano prestado por Fospuca Caroní lo asumirá la Alcaldía, en el caso del sector residencial.
La medida puede significar el traslado de los costos del servicio al sector empresarial, que ya reporta intención de cierre de sus negocios al no poder pagar las tarifas impuestas por el Ayuntamiento.
El sector empresarial tiene la expectativa de que la instalación de la comisión mixta con autoridades municipales logre llegar a acuerdos sobre las tarifas y la prestación del servicio.
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