Desde hace unos días el tono cordial entre Chile y Venezuela se ha transformado y llegado a un nivel más elevado. Es una fricción que se alimenta de declaraciones, hechos y un crimen que desemboca en una motivación política.
“En estos últimos días, el gobierno de Gabriel Boric ha endurecido su tono frente a la administración de Nicolás Maduro y decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri”, recordó la BBC para enmarcar un análisis sobre este complejo escenario.
Las tensiones se elevaron después de que el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, negara la existencia de la organización criminal Tren de Aragua.
Pero la creciente tensión entre ambos países está provocando que algunos líderes políticos chilenos -tanto del oficialismo como de oposición- urjan reevaluar la relación bilateral de Chile con el gobierno de Maduro.
¿Cuáles son los principales factores que están detrás de esta escalada en las tensiones?
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Negación del Tren de Aragua
En Chile causaron profunda molestia las declaraciones del ministro venezolano Yván Gil, quien esta semana afirmó que “el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”.
Según diversas investigaciones, la organización criminal nació y operó durante años desde la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, logrando expandir sus tentáculos a distintos países de la región, entre ellos, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.
“Hemos visto cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”, señaló Gil en una rueda de prensa.
Ante esto, el presidente Gabriel Boric expresó a través de su cuenta de X (Twitter) que “las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización”.
“Además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable”, agregó.
Según la prensa local chilena, aunque la decisión de llamar a consultas al embajador Gazmuri se venía evaluando hace unas semanas, fueron las declaraciones de Gil las que llevaron al mandatario chileno a concretar la medida.
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El caso de Ronald Ojeda
En medio de esta escalada de tensiones, hay un caso que vino a complejizar aún más la situación. Se trata del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, un opositor al gobierno de Maduro que residía en Chile como refugiado político desde 2018.
Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una maleta enterrada bajo el cemento.
El oficial no era una persona de alto perfil, pero cobró notoriedad luego de que el gobierno venezolano le impusiera cargos por traición a la patria en 2017.
Desde que explotó este caso, han aparecido diversas versiones -ninguna de ellas confirmada por la Justicia- sobre quién estaría detrás del crimen del exteniente. Y este jueves (11 de abril) la Fiscalía chilena aseguró que el crimen se “organizó desde Venezuela” y que el móvil político es la «única línea investigativa que nos queda».
Es la primera vez que el ministerio público de este país se pronuncia tan fuertemente respecto de la eventual responsabilidad de Venezuela.
Ante esto, la mañana de este viernes, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones del fiscal Barros y dijo que exigirá el cumplimiento del tratado de extradición con Venezuela cuando haya detenidos.
La ministra chilena destacó que ambos países tienen un tratado vigente de extradición, desde el año 1962.
“Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la justicia en nuestro país”, concluyó.
Estas declaraciones se dan luego de que hace unos pocos días el gobierno de Boric recibiera en La Moneda a la viuda de Ojeda, Josmarghy Castillo, en lo que se interpreta como un gesto de significación política.
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“Falta de compromiso” con deportaciones
Chile viene acusando desde hace un tiempo a Venezuela de no colaborar con la seguridad en la región latinoamericana. Este discurso se vio intensificado esta semana tras el asesinato de un policía chileno, el teniente Emmanuel Sánchez Soto, que consternó al país.
El crimen ocurrió el miércoles (10 de abril) en la noche, en la zona poniente de la ciudad de Santiago. Uno de los atacantes -que fue abatido en el lugar- era de origen venezolano y tenía orden de expulsión desde 2020, según la información entregada por el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.
De acuerdo con las autoridades chilenas, muchas de las órdenes de expulsión no se han podido concretar debido a la “débil” colaboración de Caracas.
“Para cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere la coordinación con el gobierno venezolano. Si no, no es posible”, indicó Monsalve este jueves, sobre la expulsión del venezolano que atacó al carabinero.
El subsecretario insistió en que Venezuela debe autorizar el ingreso de aviones a su espacio aéreo, y también ayudar en corroborar las identidades de las personas expulsadas.
El presidente Boric también se refirió a este tema en los últimos días. “Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela. Pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”, dijo a la prensa.
Según Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y doctora en Relaciones Internacionales, “el asesinato a un carabinero por parte de un venezolano que estaba con orden de expulsión refuerza el planteamiento de algunos de romper relaciones diplomáticas con Venezuela».
«Son elementos que van reforzando el concepto de la mano dura, sobre todo en un escenario electoral en Chile”.
Lee la nota completa en BBC Mundo.
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