La canciller de Bolivia, Karen Longaric. (Cortesía)

El Gobierno interino de Bolivia acusó este martes al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país “con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro”, calificándolos de “violentos actores del narcoterrorismo”.

Evo Morales, con apoyo del presidente de Venezuela, “ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”, denunció la Cancillería boliviana.

“Esto lo hace desde su asilo o refugio, otorgado por el gobierno argentino, el cual soslaya las normas internacionales del asilo y del refugio, tolerando declaraciones incendiarias y hasta amenazas de convocatoria a milicias irregulares armadas”, añadió en un comunicado.

Evo Morales se encuentra en Argentina, desde donde ejerce como jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para las elecciones generales de septiembre en Bolivia.

Morales se retractó de unas declaraciones el pasado enero en las que llamaba a formar milicias en su país similares a Venezuela, mientras que el Ejecutivo transitorio de Bolivia criticó que el Gobierno de Argentina permitiera ese tipo de manifestaciones.

“En las últimas semanas, Evo Morales y sus aliados ideológicos han intensificado sus intentos de desestabilización política y social en Bolivia con campañas de desinformación a nivel global”, criticó la Cancillería.

DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

“Ante la gravedad de los crecientes ataques”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció ante la comunidad internacional que “sectores afines a Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria” por la COVID-19.

“Lo cual a su vez es aprovechado por el narcotráfico y la delincuencia organizada”, añadió.

La nota aseguró que la Asamblea Legislativa o Parlamento de Bolivia, con mayoría del MAS, está “controlada” por Morales y “bloquea la cooperación financiera internacional para la lucha contra la pandemia y la recuperación económica”.

El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez culpa a la mayoría del MAS de bloquear fondos por unos 1.700 millones de dólares, algunos de ellos mediante créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

“Morales y sus aliados han convocado a los extremistas resguardados en las instituciones bajo su control para agudizar ese bloqueo político y administrativo”, afirmó la Cancillería.

Al respecto, citó una ley sobre estados de excepción aprobada en el Parlamento “con el fin de inmovilizar al Gobierno nacional y generar aún más violencia”, al considerar que da al Legislativo facultades que constitucionalmente corresponden al Ejecutivo.

El Gobierno interino acusa desde hace tiempo a Evo Morales de intentar desestabilizar el país, esta vez aprovechando la crisis sanitaria por la COVID-19, con actos que califica de terrorismo.

Morales ha advertido en redes sociales de que lo culpan de todo lo malo que ocurre en el país para ocultar una mala gestión de Áñez. EFE




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