En una rueda de prensa, el abogado Omar Mora Tosta recordó que fue tres días después de su «desaparición» cuando el Ministerio Público confirmó que Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López habían sido detenidos y acusados de participar en una trama conspirativa en la que, supuestamente, se encargaban de la logística «para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares».
Desde entonces, aseguró el letrado, estas personas se encuentran en paradero desconocido, y ni su familia ni el equipo de defensa saben dónde están recluidos, pese a haber visitado los lugares en los que podrían encontrarse.
«Hemos transitado todas las instituciones, todos los recintos policiales en donde supuestamente deberían estar detenidos y no aparecen», explicó Mora, quien recordó que, el día 31 de enero, se presentó un habeas corpus «para proteger sus derechos humanos, saber dónde están, quien los tiene, bajo qué circunstancias están detenidos».
Según el abogado, el tribunal al que le correspondía responder tras la presentación del documento, «de conformidad con lo que establece la Ley de Amparo», no lo hizo, «lo cual es gravísimo como precedente, desde el punto de vista legal en Venezuela».
Recordó que, además, los familiares de los detenidos y la propia defensa presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Derechos Fundamentales para poner el asunto en conocimiento de estas autoridades, pero tampoco se recibió respuesta.
Por otra parte, explicó que, el pasado miércoles, los abogados acudieron al Tribunal Segundo, con competencia en terrorismo para obtener información, y allí se les informó de que no habían sido presentados en dicha sede judicial, lo que los deja -subrayó– «en un absoluto estado de indefensión».
«Ni las autoridades que tienen que dar cuenta de la protección de los derechos humanos de estos ciudadanos, tampoco se han pronunciado», agregó.
Por su parte, Perkins Rocha, otro de los abogados de la defensa, manifestó que los tribunales penales en terrorismo que fueron mencionados por el fiscal general, Tareck William Saab, cuando dio a conocer las detenciones, «dicen desconocer el paradero» de los tres hombres.
Ante esta situación, los letrados y la familia de los detenidos exigen verlos y comprobar si se están respetando sus derechos humanos.
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