Mediante una acción de amparo constitucional, un grupo de distinguidos venezolanos solicitó la nulidad del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio.
Alarmados por lo nefasto que consideran el precedente del Memorándum de Entendimiento, firmado el pasado 15 de agosto de 2021 en la ciudad de México, en el que un emisario de la administración de Maduro dice representar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y un grupo denominado Plataforma Unitaria se atribuyó la representación de la oposición venezolana, el mencionado grupo de venezolanos encabezado por la abogada Adriana Vigilanza, presentaron el referido amparo a su derecho a la participación política y la consiguiente nulidad del referido documento.
El escrito fue presentado este sábado ante el Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio, al cual consideran la única institución legítima con la que cuentan, pues sus magistrados fueron nombrados por un periodo de doce años por la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015.
En el amparo alegan también, que su derecho a la participación política no puede verse supeditado a que a Maduro se le permita abrir consulados en los países que lo han desconocido, ni a que se les exija contar con residencia “legal” en el país donde habitan.
Sostienen que con ambas cosas han sido amenazados por los rectores del Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional producto de las elecciones fraudulentas de diciembre de 2020, desconocidas por más de 37 partidos políticos de oposición, incluyendo al de Juan Guaidó y a un importante número de países, incluido los Estados Unidos de América.
Asimismo, en el documento solicitan al alto tribunal en el exilio, que designe un ente electoral ad-hoc, que ofrezca confianza a los venezolanos, y asuma la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes a los venezolanos, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer el derecho a la participación política (…). “De un ente fraudulento no puede surgir una institución legítima”, alegan.
Opinan que unas elecciones presidenciales en 2024, con el CNE ilícito que opera en Venezuela, es un gran revés a la durísima lucha del pueblo venezolano para restaurar la democracia.
La referida acción de amparo constitucional fue presentada por los abogados Adriana Vigilanza, José Luis Salas y Edgard Simón Rodríguez, actuando en nombre propio y asistiendo a un grupo de ciudadanos, entre los que se suscriben Cristal Montañez, la Dra. Rosa Blanca Marmol de León (ex magistrada de la Corte Suprema de Venezuela), Aura Acevedo Carvajal, Nora Josefina Lara, Yamilet Saleh, Luís Manuel Aguana, Jean Pierre Chovet, Luis Genaro Mosquera, Raynell Martínez Mujica, Guillermo Prieto Ochoa, Lorent Saleh y el sacerdote Pedro Freitas.
Con nota de prensa
