El Congreso de Perú manifestó este sábado su «preocupación» por la decisión de la Fiscalía de abrir «indagaciones preliminares» contra los legisladores que desacataron una resolución judicial y siguieron adelante con el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
«La Junta de Portavoces, que se realizará este lunes, tratará el tema con prioridad», informó este sábado el Congreso en su cuenta oficial de Twitter.
Poco antes, la Fiscalía había anunciado el inicio de la investigación contra los congresistas que, al desacatar la resolución de un tribunal constitucional, «habrían cometido delito de resistencia o desobediencia a la autoridad».
El Congreso, que culminará su última legislatura el próximo viernes, mantuvo el pasado miércoles su intención de elegir a los magistrados a pesar de que un juzgado constitucional de Lima admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección.
EQUILIBRO DE PODERES
En su mensaje de este sábado, el Congreso sostuvo que «el equilibrio y control de poderes no debiera judicializarse, máxime cuando no hay decisión sobre la designación de magistrados al Tribunal Constitucional».
Expresó, por ese motivo, «su preocupación» sobre el anuncio de la Fiscalía, aunque reconoció que «esta institución puede iniciar investigaciones» sobre el caso.
Añadió, sin embargo, que estas pesquisas deben «ajustarse a la Constitución y las leyes, especialmente cuando se trata de altos funcionarios» del Estado.
En medio de acusaciones de «prevaricación», la mayoría de legisladores ratificó el miércoles una decisión de la Junta de Portavoces, que acordó que la elección de los magistrados es una potestad que les otorga la Constitución y «no están sujetos a mandato imperativo» de la Judicatura.
LA INVESTIGACIÓN FISCAL
Tras la polémica generada por este caso, la Fiscalía abrió la investigación contra los congresistas «que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad» y remarcó que el proceso es «de naturaleza compleja por el número de involucrados».
Por ese motivo, dispuso que se desarrolle en «un plazo de cuatro meses» y que las acciones fiscales incluyan la identificación de los legisladores que ratificaron el acuerdo de la Junta de Portavoces, para tomar sus declaraciones.
El Ministerio Público también solicitará al Congreso el acta de la sesión sobre la elección de los miembros del TC, los nombres de los congresistas que integran la Junta de Portavoces, y los acuerdos que se emitieron sobre este tema.
UN CONGRESO DIVIDIDO
En medio de pugnas internas, la decisión de continuar con el proceso de elección de seis de los siete magistrados del TC fue tomada, principalmente, por las bancadas de la agrupación fujimorista y de partidos de derecha del Legislativo.
El Congreso, que será reemplazado el próximo 26 de julio por el nuevo parlamento elegido para el período 2021-2026, desoyó una resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima e intentó avanzar con la fase final del proceso, aunque sin llegar al consenso para nombrar a los nuevos magistrados.
Posteriormente, el presidente de la Comisión Especial para elegir a los miembros del TC, Rolando Ruiz, afirmó que este martes intentarán retomar el debate del tema.
El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia recordó que las decisiones judiciales «son de obligatorio cumplimiento» y que «los altos funcionarios tienen en esto una doble responsabilidad constitucional», ya que deben respetar «al estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente». EFE
