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La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó este viernes que realizará a partir de la próxima semana cuatro audiencias sobre Venezuela, Perú, y Costa Rica.

La audiencia pública en el caso de Perú será el próximo martes y trata sobre el despido en 1989 de Alfredo Lagos del Campo presuntamente como consecuencia de ciertas manifestaciones realizadas siendo el presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli.

La corte hará revisión de dos demandas en contra de venezuela

En las declaraciones, Lagos del Campo denunció actos de injerencia indebida de los empleadores en las organizaciones representativas de los trabajadores de la compañía y en la realización de las elecciones internas de la Comunidad Industrial.

La decisión de despido fue posteriormente confirmada por los tribunales peruanos.

Los jueces escucharán el miércoles una demanda contra Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener la revisión amplia de unas condenas penales impuestas a 17 personas.

La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluye ocho sentencias de tribunales costarricenses emitidas entre 1998 y 2007 por delitos de peculado (desvío de fondos públicos), uso de documento falso, narcotráfico y violaciones sexuales.

Según el caso, Costa Rica es acusada de violar los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, integridad personal y libertad personal de las supuestas víctimas.

Posteriormente, el jueves será realizada la audiencia pública contra Venezuela por la supuesta responsabilidad del Estado en la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández como consecuencia de disparos de arma de fuego durante una práctica de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero, en 1998.

De acuerdo con la demanda, Ortiz no recibió atención oportuna al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que lo trasladara hasta un centro médico.

Para la CIDH, las graves omisiones e irregularidades en la investigación, así como la falta de debida diligencia, constituyeron factores de impunidad que habrían obstaculizado la verdad y la eventual sanción a los responsables.

El martes 14 de febrero, la Corte IDH verá otra demanda contra Venezuela por el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus cargos públicos del Consejo Nacional de Fronteras en el 2004, tras haber firmado una solicitud de convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces gobernante Hugo Chávez.

Según la Comisión, ese proceso político habría tenido lugar en un contexto de polarización en el que Chávez y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones en las cuales reflejaban formas de presión como amenazas, represalias o la acusación de terroristas a quienes firmaran.

Por lo tanto, los despidos fueron un acto de desviación de poder, ya que la verdadera motivación habría sido sancionarlas por la expresión de su opinión política mediante la firma, cita la demanda.

Los jueces también llevarán a cabo audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de medidas de reparación por parte de los Estados.

La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.




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